Manifiesto promovido por la asociación Andalucía y Democracia
28 de febrero de 2020
Hace diez años que se manifestó de forma explícita la crisis del capitalismo global. Una crisis fruto de la desconexión entre la economía real, asentada sobre estados, territorios y flujos de materia y energía concretos, y la economía financiera dedicada a la especulación sobre valores futuros imaginarios. Una crisis metabólica del capitalismo que ya no encuentra salida de crecimiento sin chocar contra la finitud de las reservas de materias primas -escasez y agotamiento-, y contra los límites biofísicos de la vida sobre el planeta -calentamiento global y cambio climático-.
El modelo ideológico bajo el que actualmente se mueve el sistema capitalista, el neoliberalismo, prescribe que la única manera de continuar en la dinámica de crecimiento y acumulación de capital en pocas manos es desterritorializar, concentrar y dominar el poder político. Está en el centro de la estrategia neoliberal destruir lo que de democracia y soberanías territoriales hay en el mundo, colonizando por completo los estados y los poderes institucionales, reduciéndolos a meros instrumentos de domino y coerción de las poblaciones que se revelen al reclamar derechos y un medio ambiente saludable. Esto supone un ataque rotundo contra la seguridad vital y la seguridad ambiental de la especie humana y el planeta.
En este contexto hemos de entender el acoso a las democracias en América latina representado por la irrupción de Bolsonaro en Brasil, las movilizaciones en Chile contra políticas neoliberales extremas, lo ocurrido en Bolivia con la destitución mediante golpe de estado de un presidente legítimo; también comprendemos así la irrupción de los populismos reaccionarios proteccionistas, como los que lideran Donald Trump y Boris Johnson, o el éxito relativo de partidos neofascistas europeos sustentado sobre la confrontación entre la identidad del estado-nación y la Unión Europea o la inmigración como amenazas externas.
En España el conflicto democracia/capital destapado con la crisis financiera global derribó en las elecciones generales de noviembre de 2011 la mayoría de gobierno del PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, previa irrupción del 15M, entregando al Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, como única salida visible a ojos del electorado, una aplastante mayoría absoluta. Desde entonces se han mezclado en la vida política española, fruto de la acción de los gobiernos de derechas del Partido Popular, la presión económica y fiscal sobre las clases medias y populares, la degradación de los sistemas de salud, educativo y de dependencia, y los recortes fácticos en derechos laborales y democráticos, con larguísimos procesos judiciales, Gürtel y ERES, que han acabado por condenar firmemente los modus operandi de los dos partidos que sostenían el régimen bipartidista del 78, y con la muy relevante cuestión territorial catalana centrada primero en el derecho a decidir y concentrada después sobre el unilateral procés.
La respuesta a la crisis global en la Unión Europea, liderada por Alemania, tuvo como medida estrella cautelar en España la reforma pactada entre los dos partidos de régimen del artículo 135 de la CE y la consiguiente legislación presupuestaria sobre techo de gasto que condiciona y controla todos los presupuestos de las instituciones españolas cualquiera que sea su nivel territorial y sus particularidades diferenciales. Una pérdida de soberanía política que alcanzaba de lleno a los gobiernos de las comunidades autónomas y los municipios. Una respuesta álgida de la acción política recentralizadora añorada por los viejos poderes económico/ideológicos del estado español para quienes las inversiones y concesiones publicadas en el BOE son su principal medio de obtención de beneficios.
En este texto reconocemos la evidencia de que tras el 15M de 2011, los movimientos ideológicos que están articulando las respuestas colectivas más potentes, funcionando como marcos de comprensión de la realidad, en favor de la igualdad y las demandas de derechos, y defendiendo la democracia frente a las injusticias, los recortes sociales y la amenaza totalitaria, son el feminismo y el ecologismo. Al mismo tiempo, reconocemos la evidencia de que el conflicto político territorial centrado en Cataluña, ha puesto de manifiesto la incapacidad de la derecha española y los sectores más reaccionarios herederos del poder franquista para solventar por vías democráticas pactadas lo que son legítimas demandas de soberanía de identidades culturales o territoriales articuladas sobre el concepto nación.
El reciente gobierno de coalición progresista, si quiere responder a las esperanzas de su electorado y de una mayoría social clara y diversa en todo el territorio español, habrá de dar respuesta democrática a los problemas de la gente mediante la mejora de su vida diaria y la garantía de una vida digna futura, así como abordar en serio una salida democrática a la cuestión territorial catalana que deberá pasar por las urnas. Cumplir con estos objetivos requiere de un cambio de hegemonía discursiva que sustituya a la del conflicto entre banderas. Dicho cambio precisa del empuje de una multiplicidad de actores civiles que trascienda los límites de los partidos políticos.
Dicho lo anterior, si el destrozo de los indicadores de igualdad, desempleo, precariedad, pobreza y emigración con pérdida de población, sobre todo población joven formada, ha sido en España dramático, en Andalucía la suma de recortes liderados por la derecha y asumidos disciplinadamente por los gobiernos socialistas, especialmente los de Susana Díaz, ha cobrado tintes trágicos. Una tragedia social que sumada a la degradación de los servicios públicos y al desierto industrial y bancario legado por los gobiernos del Partido Socialista en una economía muy dependiente del turismo y de un modelo agrario con poco valor añadido económico y social, sumado al daño ambiental, y cuyos precios en origen son impuestos mediante oligopolio de unos pocos, exige una respuesta política andaluza colectiva que alcance la fuerza popular de la que el 4 de diciembre 1977 nos constituyó como pueblo para condicionar en favor de la mayoría social el marco constitucional que se estaba negociando.
En este contexto es en el que aspiramos a contribuir a que Andalucía rompa el silencio al que los gobiernos andaluces anteriores y el actual gobierno andaluz de derechas la ha condenado, queremos que Andalucía por sí irrumpa en la escena del debate de estado que sin duda se abrirá para abordar la reconfiguración del poder territorial en España. Es la única manera en la que una nueva articulación territorial de calado federal ancle la democracia sobre la territorialidad.
Entendemos que la manera de frenar el avance del populismo reaccionario con tintes fascistas, la manera de defender, consolidar y avanzar en democracia, es articular un nuevo sentido común mayoritario más allá de los limites partidistas, que sitúe en el centro de los objetivos políticos del pueblo andaluz el incremento de nuestra soberanía territorial trabado con las demandas de igualdad, justicia social, vida digna y seguridad futura que defienden tanto el movimiento feminista como el movimiento ecologista, al reclamar respuestas a la crisis orgánica del sistema económico que no dejen a nadie atrás, al tiempo que avancen para la consecución efectiva de la igualdad de género y luchen contra los efectos del cambio climático.
Se trata de fabricar, Andalucía y España lo necesitan, la nueva argamasa política que una desde la territorialidad y la identidad cultural andaluza, desde nuestro pueblo constituido políticamente el 4 de diciembre de 1977 y desde nuestra institucionalidad conseguida democráticamente ejerciendo el derecho a decidir el 28 de febrero de 1980, al mundo laboral urbano y agrario, al tejido empresarial, a las y los trabajadores públicos, al mundo sindical y de las organizaciones civiles, a las asociaciones de productores agrarios y de empresas de energías renovables, al mundo de la cultura y el flamenco, a las y los trabajadores autónomos, las PYMES y el cooperativismo, entre otros muchos espacios de la sociedad civil, para que Andalucía entre en la escena política española con la fuerza que realmente le corresponde, reclamando la ruptura de la concentración centralista del poder en España como condición necesaria para una democracia real que se enfrente a los efectos suicidas del neoliberalismo y lamine el riesgo de involución antidemocrática. Se trata, lo necesitamos, de construir redes de emancipación.
Por eso queremos romper el silencio de Andalucía “por Andalucía libre” Queremos romper el silencio de Andalucía para hablar de feminismo, de ecologismo, de federalismo, de soberanías territoriales, de identidades culturales, de municipios y comarcas con capacidad propia para decidir sobre los que se hace o se demanda en sus respectivas territorialidades.
Queremos romper el silencio para que Andalucía, con todo su universalismo, no sea usada como frontera sur contra la inmigración y contribuya desde sus instituciones a un trato humanitario en el marco de la declaración universal de los derechos humanos, sin criminalizar a la población extranjera que busca una vida digna fuera de sus países, bien huyendo de la pobreza, de la falta de libertades o de la persecución política.
Queremos romper el silencio de Andalucía porque sabemos que es la garantía, en el marco de los debates estatales, de que la igualdad y los derechos sociales y ambientales estén vinculados a las soberanías territoriales en un estado que es de hecho plurinacional. Queremos romper el silencio para gritar ¡Andalucía como la que más!, como afirmaba el catedrático de la Universidad de Granada, José Luis Serrano, andalucista, de izquierdas, ecologista y feminista, pero, sobre todo radicalmente demócrata.
Rompamos el silencio está promovido por Andalucía y Democracia
Publicado en La Voz del Sur y El independiente de Granada
