Andalucismo y feminismo

Asociación Andalucía y Democracia con motivo del 28F de 2024

Tres desigualdades atenazan al pueblo andaluz y nos impiden avanzar: la desigualdad de clase, la desigualdad de género y la desigualdad territorial. Sostienen esa tenaza las manos del capitalismo neoliberal, el machismo trasnochado y las elites de los territorios más ricos. Enarbolamos contra ellas el sentimiento de clase, el feminismo y el pacto entre los pueblos. Las tres principales fuerzas transformadoras, unidas en una misma dirección serán las que levanten las barreras que impiden el desarrollo de una Andalucía más libre e igualitaria.  

El patriarcado es el instrumento que el capital usa para apropiarse del tiempo y de los cuerpos de las mujeres para sostener los cuidados de los mayores, los niños, las personas enfermas y dependientes, sostener la vida. Desprecia el valor del trabajo no remunerado de las mujeres. Frente a eso, la lucha contra la desigualdad no se basa en tratar igual a los iguales, sino en tratar diferente a los desiguales. Y las mujeres son hoy las que soportan el mayor peso de la desigualdad.

Según la Encuesta de Estructura Salarial de 2021 del Instituto Nacional de Estadística -la última disponible-, el salario medio en Andalucía es un 10,6% inferior al salario medio en España. Si nos fijamos en el salario medio de las mujeres en Andalucía, es un 11,9% inferior a la media salarial de las mujeres en España, y un 21,1% inferior al salario medio de hombres y mujeres en España.

Del mismo modo, según el INE, la tasa de paro a finales de 2023 en España era de 11,76%, en tanto en Andalucía era del 17,60%, casi seis puntos más. Comparando la tasa de paro de las mujeres andaluzas en el mismo momento, 20,68%, es casi nueve puntos superior a la estatal y más de siete puntos superior a la de los hombres en Andalucía.

Según datos recientemente publicados por el Ministerio de Trabajo, de las 2.437.100 personas perceptoras del SMI en España, 510.500 se encuentran en Andalucía. Un 20,9% del total, pese a que Andalucía representa el 17,8% de la población española. Si tenemos en cuenta que dos de cada tres personas que cobran el SMI son mujeres y una de cada tres es trabajadora agrícola, podemos afirmar que el mayor porcentaje per cápita de perceptoras del SMI se encuentra en Andalucía. Otro factor que explica que Andalucía esté entre las comunidades con salarios más bajos y que esto afecte particularmente a las mujeres.

Si analizamos la tasa AROPE (año 2022) que mide la pobreza, elaborada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, basada en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, por comunidades autónomas y género, el panorama no es menos elocuente. La tasa AROPE para España es del 26%, un 24,8% para hombres y un 27,2% para mujeres. En Andalucía es de un 35,8%, un 9,8% superior a la española y de las más altas del estado. Una sencilla extrapolación de los datos del estado nos lleva a estimar que en Andalucía el riesgo de pobreza es en la mujeres muy superior, lo sufren un 36,9% de hombres y un 40,5% de mujeres.

Podríamos analizar más datos comparativos, como la cuantía de las pensiones, la renta media per cápita,  el número de personas perceptoras de desempleo o subsidios, el vínculo entre PIB y pobreza, el número de barrios pobres, los municipios con mayor tasa de desempleo y, siempre, comprobaríamos que existe una amplificación de la desigualdad de genero en aquellos territorios, como Andalucía, en los que la desigualdad socioeconómica respecto de los territorios más ricos es estructural.

Las desigualdades territoriales consecuencia de estructuras de extracción y explotación de recursos naturales, humanos y ambientales no solo se dan entre estados coloniales y estados colonizados. También se dan entre regiones y naciones de un mismo estado. Cuando las elites políticas y empresariales de las regiones peor situadas sirven como subalternas de otras regiones, en las que se asienta el poder político centralista y los despachos de poder del capital, podemos hablar de la existencia de colonias interiores. Es, como hemos advertido en textos anteriores, el caso de Andalucía dentro del estado español.

La función de Andalucía como colonia interna y el patriarcado se retroalimentan dañando más la vida de las mujeres, especialmente la de las mujeres andaluzas y más gravemente las migrantes que, como afirma el feminismo interseccional, sufren doble discriminación por ser mujeres y por ser migrantes. Existe un vínculo entre las desigualdades de clase, de género y de territorio. Dicho de otro modo, la desigualdad entre territorios del estado es causa de mayores desigualdades de clase y de género en los territorios con peores indicadores, como es el caso de Andalucía.

En Andalucía las desigualdades sociales y de género son amplificadas con la condena a la desindustrialización, la emigración, la concentración de la actividad productiva en la agricultura, el turismo, la construcción, o la explotación de sus recursos y mercados por grandes empresas con domicilio social fuera de nuestro territorio, imputando consiguientemente sus beneficios en el exterior de Andalucía. Por eso, sin las políticas industriales y de desarrollo productivo a las que tenemos el mismo derecho que otras regiones o naciones como Madrid, Euskadi o Cataluña, sin financiación autonómica y soberanía fiscal justa, la desigualdad estructural de Andalucía será persistente e irá a más.

Si el centralismo es el modo en que el capital reduce la complejidad de sus relaciones con las sociedades, la forma en que el neoliberalismo impone sus políticas económicas destructoras de derechos y servicios públicos, reduciendo el estado a un ente represor y judicial, es la descentralización federal/confederal la que alberga en su naturaleza la posibilidad de que los pueblos dispongan de soberanía para defender sus intereses ante la destrucción de la vida que el capital impulsa. 

El feminismo como principal fuerza de transformación social, con el andalucismo y las demás fuerzas cívicas y civilizatorias, debe exigir la ruptura de la desigualdad socioeconómica estructural que aflige a Andalucía y la somete al capricho de otros territorios del estado. El modelo debe ir hacia un estado federal/confederal fruto de un pacto entre pueblos en lugar de un pacto entre elites.

Este 28 de febrero de 2024, Día de Andalucía, todos los agentes sociales -sindicatos, asociaciones, entidades empresariales y agrarias con raíz en Andalucía, toda la sociedad civil organizada-, el mundo de la enseñanza, la sanidad, la investigación, la cultura deben exigir del gobierno andaluz y del gobierno del estado planes e inversiones para desconcentrar la actividad productiva y distribuirla por todos los territorios. Con Andalucía en un papel fundamental. No bastan los cuidados paliativos, hace falta la medicina que cure la enfermedad.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada

Por un pacto plurinacional entre los pueblos de España

La defensa de la democracia hoy debe basarse en la defensa de los intereses de clase, la igualdad de género, las condiciones de la vida y la vida humana en el planeta y las soberanías territoriales. La izquierda tiene la obligación de interiorizar que no solo existe explotación de clase. Existe también una sangrante explotación de género, de la naturaleza y de unos pueblos por otros. Las guerras de Ucrania y el genocidio en Palestina hacen saltar por los aires no sólo vidas humanas, sino también la esperanza de una vida mejor y dispara el malestar social. Malestar que es el caldo de cultivo para el avance de posiciones neofascistas. Contra eso no cabe la moderación ideológica, discursiva o propositiva.

Por otro lado, igual que existe un vínculo entre centralismo, concentración de poder y posiciones conservadoras y reaccionarias, también lo hay entre el federalismo y los derechos de clase, de género, ambientales y territoriales. Al capital, a los capitalistas, le interesa simplificar y reducir el número de sus interlocuciones. Por eso trabaja para recortar las soberanías de las distintas comunidades políticas. La respuesta a la concentración de poder para la defensa de la democracia debe venir de la distribución cooperativa del poder.

La derrota del bloque reaccionario en las elecciones generales del 23 de julio de este mismo año, ha sorprendido a derecha e izquierda. El feminismo ha sido determinante. Solo la consolidación del feminismo interseccional y de clase, como principal baluarte político de la democracia y la solidez de posiciones soberanistas en territorios como Euskadi y Cataluña, han impedido la irrupción de la ultraderecha en el gobierno de España.

La apuesta del nuevo gobierno de España está atravesada desde el origen por la imperiosa necesidad del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, de pactar con Junts per Cat, el partido de Carles Puigdemont, para mantenerse en el gobierno de España. Esa necesidad también era sentida por la alta burguesía catalana con vistas a recuperar una agenda de negociación. La ley de amnistía era la condición para el pacto de investidura.

Lograda la investidura, puede aventurarse que la agenda social, feminista y ecologista del gobierno perderá intensidad y quedará relegada a un segundo plano. En el centro de la legislatura estarán las cuestiones territoriales y las relacionadas con la calidad de la democracia en España. Los dos frentes del gobierno de España, condicionado por su dependencia de los partidos vascos y catalanes, chocan fuertemente con el bloque reaccionario afincado en Madrid cuyo liderazgo ideológico es “trumpista”. El gran ejército del bloque reaccionario lo forman dos divisiones acorazadas, la judicatura y los medios de comunicación.

En este escenario, el gobierno de Pedro Sánchez no va a poder mantener sus posiciones de comprensión y apoyo al régimen del 78. Lo intentará, aunque de facto haya sido ya expulsado del consenso de la transición por el bloque reaccionario que se manifiesta en la puerta de sus sedes, arengado por la derecha y la ultra derecha. Por su parte, las burguesías vasca y catalana están estableciendo una alianza cooperativa para sostener el gobierno de Pedro Sánchez a cambio de inversiones del estado, competencias estatutarias, y financiación privilegiada.

En esa situación, Andalucía no tendrá futuro. Lo mismo da que se sume al pacto entre elites que promueven las burguesías vasca y catalana con los poderes económicos del estado, como sí se deja llevar por el bloque reaccionario a un nuevo “a por ellos” liderado por Feijóo, Ayuso y Abascal, con Moreno Bonilla como ariete del sur. Aun no siendo iguales las dos opciones, el pacto entre elites y la concentración de poder reaccionario en Madrid, ambas conducen al incremento de la desigualdad ínter e intra territorial.

Andalucía no se hará ningún favor a sí misma si se deja llevar por el anticatalanismo. El “a por ellos” es una trampa mortal para los intereses de Andalucía. Por ese camino se sigue en la dependencia colonial de los poderes políticos, mediáticos y económicos radicados en Madrid. De otro lado, si se deja ningunear por las elites vasca y catalana, quedará atrapada en la desigualdad social y económica. Ahí sólo existe un puesto al final de la cola en los índices de desarrollo de las comunidades autónomas, como ya describimos en el anterior texto colectivo Andalucía es una nación en la España plurinacional.

Por todo lo anterior, la conclusión es que el andalucismo es la única ideología política que defiende los intereses del pueblo andaluz. La asociación Andalucía y Democracia mantiene en este texto colectivo, con motivo de la conmemoración de los cuarenta y seis años del 4 de diciembre de 1977, la necesidad de revitalizar el andalucismo político. Desde la Constitución Federal del Antequera de 1883, el andalucismo defiende los intereses de la clase trabajadora, los derechos de las mujeres y considera la naturaleza y los animales como objetivos de protección humanista.

En el actual contexto global, en el que el capitalismo en su fase neoliberal lucha a muerte contra la democracia, alimentando posiciones ultraderechistas, se hace imprescindible un andalucismo fuerte, que promueva en el estado español una salida republicana plurinacional mediante un pacto entre pueblos o comunidades políticas. La cuestión no es si la traducción partidista del andalucismo para el momento actual debe tener o no exclusiva obediencia andaluza; las dos posiciones son legítimas. La cuestión es determinar cómo defender los intereses del pueblo andaluz.

Los últimos datos del CENTRA (Fundación Centro de Estudios Andaluces) de febrero de 2021, señalan que el 68,5% de la ciudadanía andaluza se siente tan andaluza como española, el 13,4% más andaluza que española y un 10,5% más española que andaluza. Por otro lado, el CIS de febrero de 2020, señala que solo el 4,3% de las y los andaluces se sienten exclusivamente españoles, más de 19 puntos por debajo de comunidades como la Valenciana, 23,6 e incluso por debajo de comunidades como la vasca, 4,8% o la catalana 10,5%. Sin embargo, en la misma encuesta del CIS, Andalucía es, junto con Extremadura, la comunidad donde el sentimiento dual, tan andaluz como español es el más alto, el 78%. Estos datos describen el suelo sociológico en el que hay que plantar la semilla del andalucismo del siglo XXI y, consiguientemente, el sustrato que se ha de tener en cuenta para que el discurso andalucista crezca. Los datos son, consiguientemente coherentes con el carácter cultural mestizo de Andalucía.

Desde convicciones republicanas plurinacionales, abogamos por un pacto entre pueblos que acometa la supresión de la desigualdad territorial. Andalucía es la comunidad con mayor desigualdad y, a su vez, la que se identifica mayoritariamente con un proyecto de estado en común. Por consiguiente, queremos crear las condiciones políticas para que, en beneficio propio, Andalucía lance un proyecto de estado democrático, republicano y plurinacional que nos haga recuperar el peso político perdido en los últimos años como consecuencia del bipartidismo. Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista.

Andalucía es nación en la España plurinacional

Carta abierta al lehendakari Íñigo Urkullu

Señor Urkullu, con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada. Su artículo del pasado 31 de agosto en El País tiene el mérito de abrir el interesante proceso para un acuerdo territorial de largo alcance. Las propuestas del PNV son inteligentes, oportunas y de gran calado para el avance y la profundización democrática.

No obstante, nuestra crítica constructiva a la propuesta de Urkullu es dura y muy relevante para los intereses del pueblo andaluz. El lehendakari Urkullu sugiere explorar “un nuevo pacto utilizando la vía de la ´actualización de los derechos históricos`, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución”. 

Para el pueblo cultural y político andaluz, para nuestra institucionalidad política, el argumento de los derechos históricos no puede ser válido con la exclusión de Andalucía. La condición de nacionalidad histórica fue conquistada desde las calles el 4 de diciembre de 1977 y, en las urnas, el 28 de febrero de 1980, algo que no se le pidió a Galicia, Cataluña y Euskadi. Aquel referéndum del 28-F imponía condiciones muchísimo más duras que las exigidas a Quebec o Escocia en sus respectivos referéndums de independencia.

La línea de exclusión de Andalucía en la propuesta de Urkullu es dolorosamente expresa, aunque no explícita. El lehendakari otorga para su propuesta la condición de nacionalidades históricas exclusivamente a aquéllas reconocidas en la II República: Galicia, Cataluña y la propia Euskadi. Excluye u olvida que la nacionalidad histórica andaluza iba a ser reconocida en septiembre de 1936. Urkullu admite así el dictado del fascismo franquista para dejar a Andalucía fuera de su propuesta “neoconstituyente”.

Las nacionalidades otorgadas no pueden estar por encima de aquella que conquistó la misma condición política en las calles y en las urnas. Nos sorprende que el lehendakari apele a viejos fueros otorgados por los reyes de Castilla y a exclusiones impuestas por el franquismo. Pedir un avance soberanista en base a históricos servicios prestados a la monarquía es una legitimación de un régimen que deberíamos superar abriendo una vía republicana.

Añadimos que la “convención constitucional” que propone Urkullu ya tuvo un mal precedente en los llamados padres de la Constitución, que pretendieron relegar a Andalucía a autonomía de segunda categoría. La actual realidad del Estado de las Autonomías no es la que configura el Título VIII de la CE, sino el fruto del acuerdo de los partidos para frenar el impacto de Andalucía tras el 28-F de 1980 en el mapa autonómico, que pasó por amputar su Estatuto. También se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que generalizó las instituciones a los diversos trozos en los que se dividió Castilla, provincias diversas y ciudades autónomas para rebajar el calado de una España con 4 nacionalidades que hubieran sumado la mitad de su población. El origen andaluz de la mutación constitucional de 1981, con Manuel Clavero Arévalo como oficiante del café para todos, obliga a Andalucía a estar dentro de cualquier nueva propuesta de avance plurinacional para garantizar su buen fin e impedir su tergiversación posterior.

Al PNV le interesa la profundización democrática en España, cierto que para remover los obstáculos para sus demandas soberanistas, pero no menos cierto que para reformar un estado federal/confederal, cuya unidad no va a poner en cuestión en el contexto geopolítico global y europeo que vivimos, a cuyo modelo territorial le crujen los pilares y las vigas maestras, debido a la continua y persistente deriva centralista y centralizadora, bajo las interpretaciones restrictivas de la CE, en particular de su título VIII, tanto por los dos partidos de régimen, PSOE y PP, como por las altos tribunales judiciales y el propio Tribunal Constitucional.

El Partido Nacionalista Vasco ha puesto sobre la mesa elementos de negociación para decidir su voto en la posible investidura para esta XV legislatura que apuntan con decisión hacia la profundización y la transparencia democrática. Utilizará su fuerza parlamentaria para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, modificar la ley de secretos oficiales para disminuir el tiempo de ocultación de determinadas acciones de Estado, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando ejerza como jefe del Estado de acuerdo con la CE, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias de su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus.

Reconocemos como legítima la aspiración a la negociación bilateral efectiva de las naciones de la España plurinacional con el Estado. Sin embargo, la bilateralidad en un estado plurinacional alberga una contradicción en su seno, pues si se reconoce que hay un estado llamado España, que contiene pueblos con aspiración a tener su propio estado, cualquier punto de acuerdo bilateral afecta a las otras bilateralidades. Es indiscutible que las comunidades con reconocimiento constitucional de sus derechos forales, Euskadi y Navarra, con sus exclusivos conciertos económicos, son las que tienen mejores indicadores sociales y económicos. Consiguientemente, cualquier negociación para avanzar requiere imprescindiblemente de la plurilateralidad, en la que Andalucía, el pueblo andaluz, deviene imprescindible por sí y por el resultado óptimo.

Andalucía no puede, no se va a dejar, seguir siendo la pagafantas de los acuerdos bilaterales financieros, fiscales, de reindustrialización o de cualquier otro tipo entre clases dominantes de los distintos territorios. Y no lo va a ser porque amparan y crean las condiciones para la desigualdad territorial y de clase. Andalucía no lo va a permitir.

Los datos en este sentido son tozudos. La desigualdad es el resultado del dominio político y económico centralista, principalmente de raíz madrileña, que mantiene, conserva y hace crecer las causas estructurales del sometimiento de Andalucía. Andalucía y Democracia lo ha expuesto en textos colectivos anteriores que se pueden encontrar en este enlace https://andaluciaydemocracia.blogspot.com, y explícitamente en un reciente texto con el título 28F de 2023, Andalucía colonia interior, que proponemos releer. Los datos demuestran que, independientemente de las mejoras objetivas en la calidad de vida en Andalucía desde la transición hasta la actualidad, como en el resto de autonomías, la desigualdad comparada con el resto de territorios ha aumentado.

Advertimos que sin Andalucía no será posible dar naturaleza constitucional al estado plurinacional. Andalucía es el pueblo cultural e histórico que tiene más necesidad de soberanía. Por población y tamaño, Andalucía podría ser la décimo sexta nación de la Unión Europea. El funcionamiento de Andalucía como colonia interior de otros territorios de España, fundamentalmente Madrid, se manifiesta en la economía extractiva a la que nos ha condenado la evolución centralista del modelo bipartidista surgido de la CE del 1978. 

El extractivismo colonial se manifiesta en el frente ambiental, que relega a Andalucía al papel de almacén de residuos, minería e industria contaminante, al turismo intensivo en manos de operadores ajenos a nuestra tierra, a la ocupación del territorio para el urbanismo de segundas residencias, a la destrucción y gentrificación de los núcleos urbanos e históricos y a la agricultura antiecológica. Todo ello con el consiguiente expolio de recursos hídricos, escasísimos en tiempos de cambio climático con consecuencias catastróficas claras.

Pero no solo. El extractivismo colonial se manifiesta también en la ausencia de sedes sociales de grandes empresas, en la emigración permanente de mano de obra cualificada (capital humano) produciendo en las familias duras fracturas emocionales. Se manifiesta en la práctica entrega de la banca andaluza y sus cajas de ahorros a entidades que tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía. Hay un sangrante extractivismo cultural que nos expolia la identidad para usarla como símbolo de España ante el mundo (el flamenco a la cabeza), despreciando internamente los acentos y las raíces mestizas del territorio (Al-Andalus) en que se dio el primer renacimiento europeo. 

Todo ello agravado en los últimos años por el contexto europeo de dominio neoliberal y por las posiciones belicistas en la Unión Europea y de los partidos del régimen, PP y PSOE. En coherencia con lo que ocurre con otros pueblos colonizados, nuestra condición de subalternidad da argumentos a las posiciones centralistas o “bilateralistas” para acusar a Andalucía de comunidad subvencionada y receptora de miserables subsidios para la supervivencia de las clases más desfavorecidas.

En esta legislatura se va a hacer visible la confrontación política entre dos bloques. Uno reaccionario de raíz franquista formado por el Partido Popular y Vox, bajo el amparo del rey Felipe VI. Lo hemos visto al señalar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como primer candidato a la investidura tras las elecciones generales del 23 de julio. El bloque reaccionario se autodenomina constitucionalista, aunque son centralistas y monárquicos. El bloque democrático vendría a estar formado por los que defienden la plurinacionalidad del Estado y se sitúan en el campo feminista y de los derechos sociales y ambientales. El PSOE no tiene más remedio que situarse en el bloque progresista. No obstante, como en la legislatura anterior, lo hará agarrado al freno de mano.

Ante todo lo anterior, aventuramos que un pacto para la “actualización de los derechos históricos” que excluya a Andalucía provocará una reacción emocional contraria y activará el sentimiento andalucista. Sentimiento sometido en las últimas décadas gracias a la ingestión de somníferos administrados por el PP y el PSOE. El bloque reaccionario utilizará a Andalucía -ya lo está haciendo- para una supuesta “defensa de la igualdad entre todos los españoles”. En realidad, lo que busca es obstruir cualquier proceso legítimo de emancipación territorial, aunque sea a costa de  enfrentarnos -como hicieron con el “a por ellos”- a pueblos que legítimamente demandan soberanía.

Aviso para navegantes: sin el pueblo andaluz no será posible el proceso de “neoconstitucionalización” demandado por Urkullu. Sólo será viable con Andalucía y bajo la premisa de una plurinacionalidad que beneficie a todos los pueblos de España, se sientan nación o no. El pueblo andaluz no va a consentir quedar relegado a segunda categoría. Por eso es clave que Urkullu y todos los que le acompañen se abran a reconocer que, por derecho propio, Andalucía es una nación en la España plurinacional. Como la que más.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Raúl Solís Galván, periodista.

28F de 2023, Andalucía colonia interior

La crisis ecológica y la guerra declarada entre Rusia y occidente sobre el territorio ucraniano, es el contexto global en que se mueve toda política de estado y de partido. El contexto que afecta a las poblaciones de todos los países. Pagamos la guerra y pagamos la crisis ecológica, como hemos pagado la crisis financiera, con el incremento de la desigualdad y de la dependencia del Estado de poderes antidemocráticos. La especulación crece, como crece el filibusterismo de medios de comunicación propiedad de un puñado de capitalistas. La rapiña del capital está desatada, lo vemos a diario con los beneficios impresionantes de las grandes compañías y los bancos.

Celebramos el Día de Andalucía cuando se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania, otra guerra en Europa. Nadie con poder en el viejo occidente hace una apuesta comprometida con la paz. Más al contrario, contra la racionalidad económica, la dependencia de la UE de los combustibles fósiles y del lobby nuclear aumenta, al tiempo que ata a un proveedor inestable e interesado, como son los EE.UU. de América, su futuro energético. La llamada locomotora europea, Alemania, anda oxidándose con un gobierno tripartito progresista/verde/liberal que no da sentido a sus definiciones ideológicas. El pacifismo alemán de postguerra se ha enterrado bajo las explosiones de los gasoductos Nord Stream y los anuncios del envío de tanques a Ucrania.

El aterrizaje del capitalismo neoliberal tras su huida desde lo terrenal al espacio financiero, entregando la máquina de producción de mercancías a China y Asia, es una vuelta a la ambición por el control de materias primas y combustibles. Para ello precisa de la provocación y la guerra. Rusia es un país invasor, es preciso decirlo, como es preciso decir que la estrategia de dominio bélico mundial frente a China de la OTAN, seguida por la UE, con Joe Biden como comandante en jefe, no es precisamente un ejemplo de búsqueda de paz, democracia y bienestar para la humanidad. Ninguna guerra se acaba con más guerra, ni despreciando con sarcasmo cualquier iniciativa de paz que se proponga dentro o fuera fuera de Naciones Unidas.

En este contexto global tenemos en Andalucía un gobierno ajeno a lo que pasa en el mundo. Un gobierno cuya política es la inercia del pasado más reciente. El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para Andalucía, el proyecto del Partido Popular en su delegación andaluza, es canalizar nuestros recursos humanos, ambientales, territoriales, naturales y monetarios hacia el extractivismo de poderes económicos radicados fuera de nuestra tierra. El partido popular en el gobierno andaluz actúa desde el legado del PSOE, que a su vez adoptó el sol y playa franquista, sin más política territorial que la exaltación de la bandera verdiblanca, importante como símbolo pero inoperante si no tiene contenido político andalucista. No hay políticas para la estructuración de economías locales que limiten la dependencia exterior, mimen el medio y mejoren nuestras condiciones de vida.

Turismo, construcción, agricultura intensiva y extracción minera, a lo que hay que añadir, mediante el mecanismo de la privatización de servicios públicos y la colaboración público/privada, la entrega de capital público y beneficios empresariales a empresas con domicilio social fuera de Andalucía. Una economía del expolio que genera trabajo de baja remuneración y exilio económico, esta vez de andaluces y andaluzas con buena cualificación profesional. En términos económicos Andalucía tiene un patronazgo colonial exterior que extrae nuestros recursos con sus plusvalías. Las consecuencias las definen los datos que mostramos a continuación.

En un análisis de domicilios sociales de las sesenta y cinco grandes empresas con más actividad en España en los sectores de la distribución alimentaria, la banca, la telefonía, los seguros, la construcción, la aguas, la energía, las tecnológicas, las plataformas de streaming y grupos mediáticos, cuarenta y tres están radicadas en Madrid, el resto entre Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria (el Banco Santander). Ninguna tiene domicilio social en Andalucía. La única banca que queda con sede en Andalucía, Málaga, Unicaja, se encuentra en un proceso de fusión con Liberbank cuya sede social está en Madrid. Son datos muy reveladores del papel subalterno de Andalucía en la economía española, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de esas empresas extraen beneficios de su actividad en nuestra comunidad autónoma. Beneficios que son imputados fuera, principalmente en Madrid, ese paraíso fiscal interior para las grandes fortunas al que el presidente andaluz quiere, quiméricamente, que se parezca Andalucía.

Si ampliamos el espectro a la sede social de las doce principales empresas operadores turísticos y cadenas hoteleras, nos encontramos con que ni una sola tiene la sede social en Andalucía. Una comunidad en la que el sector turístico representa más del 12% del PIB, unos 20.000 M€, entrega los beneficios y consiguientemente la imputación fiscal al exterior, dejando aquí precariado, destrucción ambiental y territorial. Modelo más colonial imposible.

Cuando a esta evaluación empresarial le añadimos algunos datos comparativos socioeconómicos relativos a tasa de desempleo, 19%, en España 13,1%; riesgo de pobreza en 2021, 32,3%, en España 21,7%; desigualdad económica, 6,8, en España 6,2; tasa AROPE de pobreza 38,7%, en España 27,8%; PIB per cápita 18.906 €, en España 25.500 €; desempleo juvenil 35%, en España 30,1%, observamos que todos los indicadores tienen a Andalucía, dejando a un lado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el último o penúltimo lugar. Ni que decir tiene que, cuando los indicadores se separan por sexos, las mujeres salen aún más perjudicadas. Como en todo territorio colonial, el género femenino es el que se enfrenta con mayor crudeza a la economía del expolio.

La respuesta política a esta situación de desigualdad estructural, independientemente de que esté canalizada o no por alguna opción electoral, es una necesidad apremiante. El autogobierno conseguido por el pueblo andaluz en la transición, que celebramos el 28 de febrero como Día de Andalucía, tuvo su factor de cohesión popular en una identidad cultural fuerte y compartida, y su motor energético en la situación de desigualdad y pobreza que se vivía en Andalucía en los años sesenta y setenta del siglo pasado respecto de otras “regiones” del estado. Más de dos millones de andaluces vivían la tragedia de la inmigración. Ayer como hoy fue necesaria una respuesta popular contra la desigualdad. Una respuesta que no se atisba en el horizonte próximo.

Cataluña y Euskadi, se disponen, una vez superado el fracaso del procés, a actuar sobre el poder político del Estado para avanzar en sus respectivos proyectos nacionales, las declaraciones y actos recientes de dirigentes de la derecha vasca apuntan de nuevo, como en el proceso constitucional que culminó en 1978, hacia el avance de un estado asimétrico que se configure de facto como un estado centralizado en Madrid y dos naciones integradas en el mismo con fuerte capacidad política y fiscal propia. El resultado de un proceso así no es difícil de imaginar, más desigualdad y centralismo para los territorios vinculados colonialmente a la capital, Madrid, y mejores condiciones socioeconómicas para País Vasco y Cataluña. La desigualdad territorial de Andalucia se agravaría.

El pueblo andaluz tiene una configuración identitaria peculiar, un pueblo visible cuyo idioma son sus acentos, un pueblo cuya lengua política debe volver a ser la de la reivindicación de la igualdad anclada en la identidad cultural. Según el CENTRA (Fundación Centro de Estudios Andaluces) en una reciente encuesta sobre identidad nacional andaluza, el 68,5% de las y los andaluces se siente tan andaluz como español, el 13,4% más andaluz que español y el 10,5% más español que andaluz. Son unos datos reveladores para definir los parámetros políticos de avance territorial, sobre los que deberá articularse un proyecto político que interfiriera con fuerza en las intenciones de mantenernos relegados en la nula capacidad de decisión para afrontar nuestra, reconocida en los datos, desigualdad estructural. 

Necesitamos en Andalucía una izquierda que perciba que tras la desigualdad como colonia interior, está la explotación de nuestro territorio por otros, del capital sobre la naturaleza y del capital sobre la vida y el tiempo de las mujeres. Esa izquierda no puede ignorar la fuerza cultural del pueblo andaluz para canalizarla por la vía política en las luchas contra la desigualdad, por la paz, los derechos de las mujeres y contra la crisis ecológica y sus efectos. Pero a su vez no puede despreciar la necesidad de alianzas de gobierno incluso con quienes, desde posiciones blandas y, a veces, reactivas, son aliados necesarios para luchar contra la dirección antidemocrática que ha emprendido la derecha y la ultraderecha española. Alianzas de gobierno para exigir cumplimiento de acuerdos desde dentro y fuera del gobierno, sin inhibición de posicionamientos concretos aunque choquen con el aliado gubernamental.  

Vivimos en Andalucía una crisis en el ámbito de la izquierda con cuatro espacios definidos. El del partido socialista, que no se recupera de la pérdida del poder de la Junta de Andalucía por parecerse demasiado al PP del presidente andaluz. El de la izquierda postanguita, con añoranza de ser la única izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía, el de la escisión de Podemos, Adelante Andalucía, replegado sobre posiciones identitarias y sindicales que no priorizan las alianzas, y el de la izquierda quicemayista, Podemos, que no acaba de ver de manera clara lo imprescindible que es el empuje andalucista, para articular un proyecto de dirección de estado con voluntad de poder, que permita defender y ahondar la democracia, al tiempo que avanzar hacia una nueva configuración federal/confederal republicana, para equilibrar las demandas nacionales con la necesidad de igualdad estructural de todos los pueblos, naciones y regiones de España.

Llegan las elecciones municipales, es el peor momento para recomponer un proyecto común de la izquierda andaluza. Independientemente de los resultados que se den tras el 28 de mayo, seguirá siendo imprescindible, defender los intereses del pueblo andaluz, incluido el empresariado arraigado, para romper la situación de colonia interior en la que nos encontramos. Ese proyecto no debe partir de la ignorancia de nuestra identidad política y cultural, ni de la ilusión óptica de lo que no somos.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta de Andalucía y Democracia; Salvador Soler García, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Lilian Bermejo Luque, profesora de la Universidad de Granada; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Manuel González de Molina, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Rubén Pérez Trujillano, jurista y profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Javier Rodríguez Alcázar, escritor y profesor de la UGR; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Julián Álvarez Ortega, abogado; Marcos García Mariscal, abogado laboralista; Manuel Rodríguez Alcázar, presidente de Unidad Cívica Andaluza por la República; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Raúl Solís Galván, periodista.

4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía

Hay dos formas de nombrar Andalucía, con la palabra o con su bandera. La verdiblanca es una enseña de siglos. La primera referencia histórica de una bandera verde, blanca y verde en Al-Andalus está en la poesía de Abu Asbag Ibn Arqam, visir de la cora de Guadix en el siglo XI. Tras verla ondear en la alcazaba de Almería escribió: “Una verde bandera que se ha hecho de la aurora blanca un cinturón despliega sobre ti una ala de delicia. Que ella te asegure la felicidad al concederte un espíritu triunfante.” Al igual que a la bandera de Euskadi se le llama ikurriña y a la de Cataluña señera, a la bandera de Andalucía se le llama arbonaida. Arbonaida procedente del árabe albulayda significa mi tierra, mi país.

La bandera de Andalucía, junto con su escudo, se aprobó en la asamblea andalucista de Ronda de 1918 que convocaron los Centros Andaluces. En esa asamblea, en la que participó Blas Infante, se asumió el proyecto de Constitución Federal de Andalucía de 1883, conocido como Constitución de Antequera. Es por eso que la canción Verde, Blanca y Verde del primer disco de Carlos Cano en 1976 comienza con la estrofa “De Ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay qué bonica, verla en el aire, quitando penas, quitando hambres, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera...” Esta canción, que se hizo popular durante la transición y las luchas de Andalucía por tener una autonomía como la que más, se convirtió en el segundo himno de Andalucía.

Desde entonces, desde el 4 de diciembre de 1977 en el que dos millones de andaluces y andaluzas salieron a las calles de las capitales de Andalucía además de en Barcelona, Madrid y Bilbao -Andalucía tenía por entonces más de dos millones de emigrantes tanto en los focos de industrialización españoles como en la Europa industrializada-, la bandera de Andalucía está asociada a autogobierno, libertad y derechos del pueblo andaluz, escuelas gratis, medicina y hospital, vuelta de la emigración, cultura y prosperidad. Por esa bandera murió Manuel José García Caparrós en Málaga, por disparos de la gris policía franquista, que intentó impedir que la arbonaida ondeara en el gobierno civil del Málaga.

La bandera de Andalucía es, desde entonces símbolo del pueblo andaluz que se constituyó en las calles frente a quienes nos quería relegar a una autonomía regionalista de tercera, una descentralización administrativa a las órdenes del gobierno de España con sede en Madrid. Es Andalucía la que a partir de las movilizaciones de 1977 dibuja la Constitución autonómica. Ese pueblo andaluz hecho nación en las calles forzó que la Constitución de 1979 incluyera el artículo 151, con un procedimiento obstuso, para que mediante un referéndum que habría de ganarse por mayoría absoluta del censo, no de votantes, en cada una de las provincias, Andalucía pudiese acceder a la consideración de nacionalidad histórica, como la Constitución le otorgaba a Galicia, País Vasco y Cataluña sin necesidad de votación popular alguna. Hay que recordar que el golpe de estado de 1936 impidió la aprobación del Estatuto de Andalucía, que se estaba tramitando durante la II República y que nos equiparaba con las otras nacionalidades históricas del Estado.

En Andalucía no hay un solo partido democrático que se atreva a presentarse a las elecciones autonómicas sin la palabra Andalucía en su marca. Solo Vox ignora Andalucía, y la quiere, como el franquismo, sirvienta de España. El actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, prefirió la bandera de Andalucía para celebrar su victoria electoral a la bandera española que su partido ha enseñoreado insistentemente desde su nacimiento. Ya en la campaña electoral, que culminó el diecinueve de junio de 2022, el PP de Andalucía hacía ostentación de la bandera andaluza mezclada con la bandera española.

La idea de declarar el 4 de diciembre Día Nacional de Andalucía es una demanda histórica del andalucismo político, que fue, con la figura principal de Alejandro Rojas Marcos, líder en la transición del Partido Socialista de Andalucía, catalizador del empuje hacia la autonomía andaluza y la consideración constitucional de Andalucía como nacionalidad histórica. Andalucía es la única comunidad del estado que consigue su institucionalidad autonómica en las calles y mediante referéndum. Un legado de la luchadora generación de la transición que debemos celebrar y honrar.

Recientemente en la presentación del libro Por un poder andaluz de José Luis Villar en la Casa de la Alegría (Dar Al-Farah), residencia última de Blas Infante antes de su asesinato ordenado por Queipo de Llano, Rojas Marcos envolvió al Presidente Andaluz, Moreno Bonilla, para que declarara el 4 de diciembre Día de la Bandera de Andalucía. El presidente se comprometió a evaluarlo con la intención de hacerlo. Y así ha sido por decreto del 8 de noviembre de este mismo año. Sin ser festivo, es la primera vez que en Andalucía se conmemora institucionalmente el 4 de diciembre de 1977. Podemos afirmar que la introducción en el calendario institucional del 4 de diciembre como referencia histórica, es justicia reparadora de la memoria, un homenaje que la generación actual hace a las generaciones andaluzas pasadas y un legado para que las generaciones futuras no olviden la memoria de un pueblo.

Que esto haya ocurrido estando en el gobierno andaluz la herencia política de quienes para el 28 de febrero de 1980 pedían la abstención con el lema “Andaluz, este no es tu referéndum”, no puede por más que alegrarnos porque demuestra, por si nuestra potencia cultural y nuestros acentos no fuesen suficientes, que Andalucía es pueblo, es nación y está destinada a defender sus intereses para el bien vivir de quienes pueblan nuestra geografía, hayan nacido o no en territorio andaluz.

La bandera de Andalucía no es propiedad de nadie, es la bandera que identifica y con la que se identifica el pueblo andaluz, en toda su diversidad geográfica, cultural, relacional, económica, de clase e ideológica. Conviene decir esto porque lo último que debemos desear es que la bandera salga deshilachada a jirones entre tanto tirón de parte. Para el PSOE andaluz las consecuencias de su abandono, olvidando que fue la bandera de los derechos y poniéndola al servicio del “a por ellos” están a la vista, ahora dice que es suya y que el PP no cree en ella. La izquierda andalucista le echa un cerco para que su sentido sea más el de clase que el de pueblo, olvida que no solo hay explotación de clase rica sobre clases populares, sino también explotación y colonización de unos pueblos sobre otros.

La izquierda andaluza, andalucista, no debería ignorar que la fuerza que tienen otros pueblos como el catalán o el vasco se debe a la transversalidad de sus banderas, son banderas que representan a las clases populares tanto como al empresariado con raíces en esos territorios, por eso son pueblos con más influencia política que el andaluz y en mejor situación económica. Con la bandera andaluza no debe ocurrir como con la española, debe representar un pueblo entero. Al contrario que la española que representa, como bien sabe la derecha, la herencia franquista antidemocrática y monárquica, por eso la arroja contra lo que consideran antiespaña, las izquierdas y los partidos nacionalistas.

Las banderas no son trapos, como las palabras no son letras, tienen semántica y etimología, tienen historia y significado, viven en el tiempo. Si la arbonaida, es nuestro país, nuestra tierra, nuestro pueblo es su bandera.

Bienvenido el 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía. ¡Viva Andalucía libre!

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta de Andalucía y Democracia; Salvador Soler García, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Lilián Bermejo Luque, profesora de la Universidad de Granada; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Manuel González de Molina, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Rubén Pérez Trujillano, jurista y profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Javier Rodríguez Alcázar, escritor y profesor de la UGR; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Julián Álvarez Ortega, abogado; Marcos García Mariscal, abogado laboralista; Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Raúl Solís, periodista; Juan Manuel Sanz Marín, empresario.

Publicado en La Voz del Sur, Fuentes de Andalucía y CTXT

Andalucía, ¿tierra de esclavos?

Andalucía es nuestra matria, tierra de promisión, espacio de cultura milenaria y ámbito por el que lucharon y se sacrificaron las generaciones pasadas. Este 19J Andalucía se juega seguir siendo tierra para la convivencia en paz de las actuales y futuras generaciones, o doblegarse como tierra de esclavos. Debemos construir un país próspero y culto y no un territorio de esclavitud sometido a los designios de capitales externos o a dirigentes de otros pueblos o regiones políticas. O sometido al centralismo de Madrid.

Por eso es tan importante en este momento votar pensando en Andalucía. ¿Y qué significa votar pensando en Andalucía el próximo 19 de junio? Significa elegir opciones electorales progresistas y de izquierdas. El voto progresista es una obligación de todos los que anhelamos una vida justa, digna y con igualdad de oportunidades para todo el que viva en Andalucía, haya nacido aquí o en otro lugar del mundo. Defendemos el voto ideológico porque es el que más puede beneficiar la vida de andaluces y andaluzas, de las empresas y de los autónomos de nuestra tierra, de nuestra nacionalidad histórica constitucional.

Pedimos el voto para la izquierda porque sabemos que, si el 19J vence la derecha, la desigualdad seguirá creciendo en los próximos años. Que si no gana la izquierda progresista peligrarán muchos derechos cuya conquista ha costado sangre y sufrimiento a varias generaciones de andaluces y andaluzas. Andalucía perderá el tren del progreso y será empujada al corral de las colonias de Madrid, relegada a la condición de patio trasero de España. Eso, que ya sucede de un tiempo a esta parte, se acelerará de forma vertiginosa si se registra una victoria rotunda de la derecha. Si el 19J gana la derecha, gana el patriarcado y pierden las mujeres de nuestra tierra.

La derecha se empeña en lucir la etiqueta de moderada, cuando en realidad su etiqueta es la de la indolencia, ha gobernado Andalucía de manera continuista y pasiva, mirando al pasado lejano y al pasado reciente, la ha gobernado apoyada desde fuera por quienes solo inyectan conflicto y violencia en las relaciones sociales. La suma de las derechas formará un gobierno con la extrema derecha en su seno, un gobierno cuyos intereses no sólo están fuera de Andalucía, sino que son contrarios a Andalucía. Su candidata ni siquiera reside en Andalucía. La derecha y la ultraderecha quieren apropiarse de Andalucía para someterla al centralismo colonial, entregarla a los intereses de las fortunas radicadas en el paraíso fiscal que es Madrid. Son derechas que llevan todo este tiempo intentando enterrar el nombre de Andalucía bajo la palabra España.

Tenemos que decir a las claras que el actual gobierno andaluz de derechas sintoniza con la ideología de la barbarie. Si la derecha y la ultraderecha suman, como indican las encuestas, la barbarie entrará en el gobierno andaluz. Andalucía estará gobernada por gente que apoya llevar armas, que no reconoce la existencia de la violencia machista, que desprecia la ciencia y niega el cambio climático y sus consecuencias, que coquetea con los movimientos antivacunas y los terraplanistas. Gente que defiende que sólo quienes puedan pagárselo tengan asistencia sanitaria, educación u otros servicios imprescindibles para una vida digna y con igualdad de oportunidades.

Por todo eso, votar Andalucía este 19J es impedir que nuestra tierra se convierta en un valle de lágrimas para las mayorías sociales. Mayorías que necesitan justicia fiscal y no reducción de impuestos a las rentas altísimas o a los ricos. Andalucía necesita un gobierno que se tome en serio los grandes servicios públicos, que aumente la inversión en sanidad, educación, universidades, cultura, políticas de igualdad, tejido empresarial e industrial y protección ambiental. En definitiva, que se tome en serio nuestro Estatuto de Autonomía.

Votar Andalucía es votar para tener un gobierno que no busque el enfrentamiento con otros pueblos y naciones del estado. Para tener un gobierno que exija las inversiones que nos corresponde por tamaño territorial y poblacional y para reducir los déficits estructurales de inversión pública, que hasta ahora han servido fundamentalmente para profundizar en el poder centralista de Madrid. Madrid no es España y Andalucía no puede ser propiedad de Madrid.

Andalucía necesita un gobierno que exija inversiones ferroviarias que articulen nuestro territorio y lo conecten ágilmente con Europa y África. Un gobierno que exija inversiones en industria, que ponga Andalucía a la vanguardia de las energías renovables, de la agroecología, de la economía de la salud, de las tecnologías electrónicas, de la industria cultural. Un gobierno que reduzca nuestra dependencia de sectores como el turístico o la construcción, que van al límite de sus posibilidades de desarrollo. 

Andalucía necesita un gobierno que promueva una economía con mayor productividad y valor añadido, al tiempo que garantice trabajo digno, con derechos y reducción drástica del desempleo. Un gobierno que corte la sangría que supone la emigración de nuestra juventud, la mejor formada y peor tratada de la historia. Que reduzca los altos índices de pobreza, desigualdad y agresiones ambientales que sufre Andalucía.

Desde la asociación Andalucía y Democracia creemos que hay motivos más que suficientes para movilizarse, para ir a votar mirando al futuro, al progreso. Votar a la izquierda es poner nuestra fuerza como pueblo al servicio de nuestro futuro. Votar a la derecha es poner nuestra fuerza a trabajar en beneficio de intereses extraños a nuestra tierra. El 19J hay que votar con la alegría y la esperanza de que lo hacemos por nuestra matria, Andalucía.

Andalucía y Democracia

Publicado en La Voz del sur

Andalucía y democracia, 42 años después del 28F de 1980

28 de febrero de 2022

El colectivo Andalucía y Democracia viene este 28 de Febrero a alimentar la alegría de la memoria y unirla a un futuro de esperanza. Le queremos decir a la sociedad andaluza que es necesario recuperar la fuerza del pueblo andaluz. Se lo decimos a sus gentes y a sus empresas, a sus jornaleros y jornaleras y a sus productores agrarios. Queremos que nuestras demandas vitales estén en el centro de la reconfiguración de los poderes mundiales, europeos y del estado. Pedimos a nuestras asociaciones, sindicatos, empresariado, partidos y gobierno que alcen la voz por Andalucía. Proponemos que el interés andaluz esté canalizado con voz propia, con voz andaluza.

Es malo que Andalucía esté gobernada en la actualidad por quienes no creían en el estado de las autonomías, y mucho menos en que fuese nacionalidad histórica. El PP y Ciudadanos han interiorizado la Junta de Andalucía como instrumento de gobierno de primera magnitud, pero dirigen sus políticas a debilitar los servicios públicos para privatizarlos, a intensificar el modelo productivo que produce escaso valor añadido, al trabajo precario y mal pagado, con especial afección sobre las mujeres, y a daños ambientales graves en tiempos de cambio climático. En el horizonte acecha Vox, un partido inhumano con la inmigración, antiautonomista, antifeminista, antiecologista, antiderechos laborales y sociales, que desprecia los derechos de los animales, un partido que pone en riesgo la democracia.

Porque Andalucía está gobernada hoy por los herederos políticos de quienes hace 42 años decían “Andaluz, este no es tu referéndum”. Unión de Centro Democrático y Alianza Popular representaban todo el espectro ideológico de la derecha española que tenía la necesidad de salir del aislamiento, en el marco de la entonces denominada Comunidad Económica Europea. El 28 de febrero de 1980 pidieron a los andaluces y andaluzas que no fuesen a votar o que votasen no. Trataban de impedir que Andalucía se constituyese en autonomía plena con el reconocimiento constitucional de nacionalidad histórica como Galicia, Euskadi o Cataluña.

Andalucía votó masivamente el 28 de febrero de 1980. Hubo más síes que noes en todas las circunscripciones electorales provinciales. Más síes que el 50% del censo, salvo en Almería, donde ganó el sí de manera arrolladora pero no superó por décimas el requisito de superar la mitad del censo. Fue un triunfo histórico del pueblo andaluz, que ejecutó de aquella forma la demanda expresada en las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977. Aquel ejercicio orgulloso del derecho a decidir obligó a reinterpretar la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980 sobre las distintas modalidades de referéndum. La Ley Orgánica 12/1980 sustituyó el requisito de mayoría del censo en Almería por la petición de los diputados y senadores de la provincia.

Andalucía abrió el camino de la autonomía plena para sí, además de abrir el mapa de competencias autonómicas del que hoy se benefician muchos territorios que iban a ser considerados “entes administrativos descentralizados”. Años después, estatutos como el de Castilla y León permiten la convocatoria de elecciones propias, incluso anticipadas, separadas de las elecciones municipales que se convocan por el gobierno central. Una potestad que ganó Andalucía el 28F que ahora celebramos.

Andalucía tenía entonces desperdigados por el mundo más de dos millones de emigrantes, más de un millón en Cataluña. El pueblo cultural andaluz tuvo claro que autogobierno significaba democracia, derechos, soberanía propia para desarrollar políticas educativas y sanitarias públicas con presencia en todas las comarcas y municipios, freno a la emigración, afrontar los problemas de miseria y carencias en el campo andaluz, y sentar las bases para una estructura productiva propia fijando población al territorio.

Es indudable el avance de Andalucía desde entonces hasta la actualidad. También es indudable que Andalucía ha devenido territorio de turismo masificado, agricultura intensiva, construcción y desindustrialización como fruto de haber perdido peso político en el conjunto del estado y el consiguiente peso reivindicativo en el marco español y europeo. Fruto también de la coincidencia del bipartidismo del PSOE y el PP en utilizar el voto andaluz para impulsar intereses ajenos a nuestra tierra. Todo esto, agravado por el proceso de los dos últimos decenios de la externalización de la producción a China y otros países del sudeste asiático. La carencia de fuerza soberana convierte a Andalucía en territorio extractivo de capital humano, capital ambiental y capital económico, al tiempo que territorio de vertido de residuos. Lo que la lleva a tener los mayores índices de desigualdad, desempleo y pobreza de toda la UE.

Andalucía no está vacía. El efecto capitalidad de Sevilla no ha provocado un vaciamiento generalizado, aunque sí en algunas comarcas, a pesar del tremendo éxodo de humanidad andaluza muy cualificada sufrido en el último decenio. El problema es la desafección respecto del poder institucional andaluz radicado en la capital. Se está a tiempo de parar el proceso de disociación andaluz, algo que desea el estado profundo español de raíz franquista. Es un riesgo que se liquide nuestra fortaleza conjunta. No se puede ignorar que la capitalidad andaluza se enfrenta, sobre todo en algunas provincias, a un sentimiento extendido de agravio de poder.

Toda Andalucía ha sufrido desindustrialización y desestructuración territorial. Sevilla también. Los tres barrios más pobres de España están en la capital andaluza. No ha habido futuro que repartir porque no han existido políticas autonómicas de industrialización y de cambio de modelo productivo. Todo el territorio andaluz ha sufrido la devastación industrial y la destrucción territorial y ambiental. La economía precaria va de este a oeste y de norte a sur.

Andalucía pierde cohesión por la concentración del poder, por la sensación de que las decisiones se toman lejos de sus capitales y sus comarcas. Contribuye la falta de ferrocarril que estructure un territorio común y el desequilibrio en las conexiones con el exterior. Pierde cohesión porque se concentran en Sevilla sedes y órganos de gobierno. Como lo hace el cierre de colegios en el mundo rural, la falta de banca propia y su reflejo en todos los pueblos. Y el deterioro de la sanidad. El abandono se retroalimenta. Comarcalizar la administración autonómica es esencial, dar poder real a las delegaciones territoriales y disminuir su dependencia del poder de las consejerías y direcciones generales radicadas en la capital también.

En Andalucía y Democracia creemos que el feminismo une la democracia a la vida, que el ecologismo une la democracia al territorio y que el federalismo fortalece la democracia con la soberanía de municipios, comarcas y provincias. Un pueblo cultural y político como es el andaluz no puede seguir siendo subalterno, sino exigir a gobernantes y organizaciones del poder económico, político y sindical, lo que por derecho le corresponde como pueblo. El derecho a decidir.

Publicado en La Voz del Sur, El Independiente de Granada, Público y La Última Hora Noticias