Por un sindicalismo combativo fuerte y andalucista

La clase trabajadora somos la inmensa mayoría de la población global. El bien esencial que poseemos en las sociedades capitalistas es la capacidad de producir mercancías y servicios para generar valor de cambio, valor de mercado. Clase trabajadora es también hoy día aquella que la legalidad le da la apariencia de autónomo o pequeño y, en ocasiones, mediano empresario.

Clase trabajadora es la jornalera, el trabajador de la hostelería, la conductora de autobús, la camarera de pisos, el obrero del metal, el comerciante de barrio, la panadera, el podólogo, la trabajadora sanitaria, el maestros, la profesora de instituto, el informático que teletrabaja o la teleoperadora que tiene el puesto de trabajo en su casa, la ingeniera o el abogado. Pero una cosa es la clase trabajadora y otra la conciencia de clase. Esto último, la conciencia de pertenencia a un grupo del que el capital extrae la sangre para su enriquecimiento, adscrita a la categoría de lo intangible, es lo que en tiempos de individualismo neoliberal, incrustado en la forma hegemónica de pensar el mundo, está muy fracturado.

La anulación de la conciencia de clase debilita la fuerza del conjunto de la clase trabajadora. Las luchas sindicales sectoriales son principalmente en tiempos de neoliberalismo asesino global, luchas de causa, luchas reivindicativas concretas. Las reivindicaciones de las y los trabajadores del campo, las reivindicaciones de los trabajadores del metal, las reivindicaciones de los bomberos forestales, las reivindicaciones del personal sanitario, las reivindicaciones de las y los funcionarios públicos, las reivindicaciones de los trabajadores de la limpieza, las reivindicaciones de las y los docentes, las de los conductores de autobús, las de las kellys, las de las y los trabajadores de la hostelería, las de los taxistas o las de los repartidores (riders) y muchas más, componen un conjunto diverso de reivindicaciones legítimas provocadas por causas que son comunes al modelo capitalista de explotación laboral. Todas esas luchas, todas esas reivindicaciones legítimas, tienen factores comunes que las explican, factores comunes que revelan los elementos estructurales que las provocan. El neoliberalismo tiene como origen el choque del capitalismo occidental, depredador de combustibles fósiles y recursos naturales, con los límites planetarios. Límites que se perciben en las reservas disponibles y en la modificación de las condiciones biofísicas terrestres, afectando a la capacidad de resiliencia de la vida. La contaminación ambiental, la basura planetaria y el calentamiento global son las manifestaciones visibles de ese choque.

En el último cuarto del siglo pasado este choque provocó una huida hacia el capitalismo especulativo, la economía del crédito para la clase trabajadora occidental, los mercados de futuros y la ficción de la compra-venta de los valores de mercado en las bolsas. La economía del crédito actúo como adormidera de los efectos de la precarización del trabajo y la bajada de salarios. La economía especulativa del puñado de ricos de occidente decidió trasladar la producción de bienes reales a China y el sur asiático, con la convicción de que así evitaban conflictos laborales y conflictos ambientales en tanto seguían enriqueciéndose en las bolsas. Así contribuyeron a la escasez de empleos en sectores hasta ese momento relevantes y al incremento de la precariedad laboral.

Este modelo se vino abajo con la crisis que arranca en 2008, momento en que se revela la falta de correspondencia entre los valores bursátiles y el mundo real. El control político que los dueños del capital, articulados en torno a la banca, los fondos buitre y las grandes energéticas, ya tenían sobre los estados occidentales a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, en aplicación de las “recomendaciones” neoliberales para desvincular la política monetaria de cualquier control desde el poder de los estados, democráticos o no, fuerza que su crisis sea pagada con recortes en el llamado estado del bienestar, en retrocesos salariales y en derechos de la clase trabajadora, para que los estados asuman el rescate de la banca.

Durante el último cuarto del siglo XX y el primero del siglo XXI, consecuencia de la huida hacia delante del capitalismo occidental por la vía de la especulación y el abandono de la producción de bienes de consumo reales, el Sur Global, América Latina, Asía y el continente africano, con el concurso de China convertida en potencia intelectual, tecnológica y financiera global, disputan la hegemonía productiva al capitalismo occidental. De modo que esta tercera fase del neoliberalismo ha decidido, en lugar de negociar y conveniar buscando intercambios aceptables, imponer un régimen de guerra global a la búsqueda del control total de las materias primas y las rutas por las que circulan los flujos de materia y energía necesarios para mantener el capitalismo occidental a flote. Eso es el trumpismo ante el que los estados europeos, a través de sus dóciles liderazgos están arrodillados. La guerra en Ucrania, el genocidio del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania y, estos días la presión bélica sobre Venezuela, son ejemplos clarividentes.

En este contexto global, la inercia de los dueños del capital, como estrategia continuada desde el origen del modelo neoliberal, los lleva a, por un lado, trabajar para concentrar el poder político de los estados en sus capitales, y por otro extraer de los mismos sus capacidades de decisión en materia de políticas públicas relacionadas con el bienestar de la clase trabajadora, desde la de vivienda hasta las culturales, pasando por la sanidad, la educación, la dependencia o las de igualdad. Se trata de que el poder institucional esté concentrado y de que solo tenga capacidades militares o coercitivas.

El apoyo que el capital occidental hace a las ultraderechas tiene como objetivo convertir en bienes de mercado todas las políticas públicas, con la sanidad, la educación y las pensiones a la cabeza, y mantener la rueda del crecimiento expoliando los estados para que gasten en la economía de la guerra. Pretenden así resolver sus problemas con la fabricación de armamento, asustando a las fuerzas sociales con las guerras y endureciendo las actuaciones represivas. Esa es actualmente la ultraderecha global, y para eso están trabajando las derechas clásicas europeas, más o menos liberales o más o menos conservadoras, con la dejación de las socialdemocracias liberales, cuando no con la proacción de las mismas, como vemos en España con la liberación de unos 40.000 millones de dinero público para armamento y belicismo con cargo al estado desde el año 2023 hasta la actualidad, siguiendo las instrucciones de la OTAN y Donald Trump.

Consiguientemente, el momento global es crítico, las luchas sindicales se recrudecerán dado que las políticas belicistas de raerme están afectando ya a los derechos laborales y públicos de las trabajadoras y los trabajadores. Por ello, una de las prioridades del sindicalismo andaluz pasaría, a nuestro entender, por combatir las causas estructurales, propias de Andalucía o compartidas con otros espacios territoriales, que provocan la emergencia de luchas sectoriales concretas. Por expresarlo de una manera sintética, avanzar desde la lucha por reivindicaciones concretas hacia las luchas contra las causas estructurales del malestar de la clase trabajadora.

El movimiento contra el genocidio del pueblo palestino no solo es de una justicia humana y humanitaria imperativa, es el símbolo de que caben alianzas tácticas y estratégicas de corte sindical que reflejen la capacidad de la clase trabajadora de unirse con una sola conciencia. Esto ha ocurrido en Andalucía en concentraciones, manifestaciones y huelgas, como la última huelga general del 15 de octubre por Palestina. Igualmente puede ocurrir, y debería ocurrir, que las organizaciones combativas del sindicalismo andaluz, que no se pliegan a los límites que les imponen los poderes territoriales o la socialdemocracia liberal, se coordinen para fortalecerse y defender al pueblo andaluz mediante instrumentos de unidad de acción de carácter andalucista.

Todo ello, teniendo en cuenta que un sindicalismo andaluz combativo puede integrar el andalucismo, al reconocer que todos los indicadores de desigualdad, como el de pobreza, el de precariedad laboral, el de media salarial, el de barrios pobres, los de acceso a la vivienda, el de industrialización, el de inversión en sanidad o educación pública, el de listas de espera en dependencia, entre otros, y, en general, porque esto afecta a todos los indicadores, la especial afección sobre las mujeres de estas desigualdades estructurales, sobre las que recaen la reproducción de la clase trabajadora y los cuidados de la población considerada “sobrante” por el sistema.

La clase trabajadora andaluza es una, haya nacido en Andalucía o no, pero no podemos ignorar que la construcción de un futuro mejor pasa por reconocer los condicionantes que impone en el devenir histórico el territorio en el que se vive. Andalucía necesita un sindicalismo combativo fuerte y andalucista, que supere al sindicalismo amable con el bipartidismo monárquico, como condición para escapar de la condena de las desigualdades estructurales respecto de otros territorios por razones políticas históricas.

——

Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista; Belén Bravo Rodríguez, Arquitecta, profesora de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la UGR; Manuel Ruiz Romero, historiador andalucista especialista en Blas Infante; Sheila Guerrero Garzón, empresaria editora y presidenta de Tu Periódico; José Luis de Villar Iglesias, profesor de Derecho Constitucional e historiador andalucista.

Paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra

La bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra. El himno de Andalucía comienza con un mensaje pacifista. Cómo ser pacifista cuando, al finalizar el primer cuarto del siglo XXI, el mundo se encuentra convulsionado por el imperialismo sin freno de los Estados Unidos, gobernados por Donald Trump y una cohorte indecente de magnates y políticos sin escrúpulos a los que la democracia y los derechos humanos les importan un pimiento.

Hasta anteayer el capitalismo europeo y los gobiernos europeos vivían bajo el paraguas estadounidense como cómplices que recogían los excedentes de acumulación de capital obtenidos mediante el expolio de África, del mundo árabe, Latinoamérica y muchos países asiáticos. Los gobiernos europeos, tanto conservadores como socialdemócratas, han actuado siempre manoseando la palabra democracia. Así han justificado su agresiva acción política internacional en materia financiera, extractiva y bélica. El consenso liberal europeo entre “populares” y “socialistas”, en alianza con las políticas imperiales de la Casa Blanca y Wall Street, ha actuado en los últimos cincuenta años de práctica neoliberal contra sus propios pueblos y contra los pueblos latinoamericanos, africanos, árabes y asiáticos.

Recordemos la calificación de PIGS (cerdos) a Portugal, Irlanda, Grecia y España por parte del que fuese primer ministro holandés y actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuando la alianza del capitalismo occidental estadounidense y europea decidió que la crisis financiera creada por ellos mismos la pagásemos nosotros con recortes en derechos sociales.

Recordemos la complicidad de la UE con el imperialismo estadounidense para bombardear Yugoslavia, destruir Irak, bloquear Cuba y Venezuela, endeudar ante el Fondo Monetario Internacional a Argentina, Bolivia, Perú o Ecuador, convertir Libia en un estado fallido, mantener al corazón de África en permanentes conflictos mientras se expolian sus minerales, entregar Afganistán a los talibanes, tensar a Rusia para meter a Ucrania en una guerra por querer incorporarla a la OTAN, o ayudar al genocidio del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha destapado la manta de la hipocresía europea. Las intenciones del trumpismo no son otras que garantizarse la propiedad de los recursos naturales, los combustibles y las rutas para los flujos de mercancías en los próximos decenios. Lo que queda de democracia estorba tanto en el interior de los EE.UU. como fuera. No es ninguna novedad. Siempre ha estorbado, solo que ahora la complicidad entre la propiedad de los grandes medios de comunicación, los propietarios de las redes sociales y las altas judicaturas manejadas por el poder político permite al capital estadounidense hacer una apuesta fuerte por la destrucción total de la democracia.

La acometida trumpista ha situado a la UE en estado de shock. El aliado se ha pasado al enemigo y además exige, para mantener cierto grado de condescendencia, inversión en armamento y guerra, combustibles fósiles y manufacturas que ha de ser gastada mayoritariamente en la industria estadounidense. Los gobiernos de la Unión Europea y del Reino Unido siguen llamando a los EE.UU. aliado estratégico, mientras la Casa Blanca se retira del conflicto y negocia con el Kremlin, intercambiando el reconocimiento de los territorios conquistados por Rusia por un suculento botín en tierras ucranianas con minerales altamente estratégicos.

Nos preguntamos al principio de este texto cómo ser pacifista en este momento histórico lleno de riesgos para toda la humanidad. Riesgos belicistas, riesgos climáticos y riesgos de destrucción de la democracia, con los consiguientes retrocesos en derechos sociales, feministas, ecologistas y de los pueblos culturales y políticos.

Afirmamos que el pacifismo debe inundar las ideologías emancipadoras. El pueblo andaluz, los pueblos europeos, deben buscar alianzas culturales y económicas justas con los pueblos latinoamericanos, africanos y de Asia. Al tiempo, el gobierno andaluz y los gobiernos de la UE deben salirse de la dinámica bélica trumpista, romper con la política armamentista y toda relación comercial con el estado genocida de Israel. El pueblo andaluz y los pueblos europeos deben respetar los derechos humanos de la inmigración y otorgar a los inmigrantes todos los derechos políticos, empezando por el derecho al voto.

Ser pacifista hoy significa ser ecologista. Buscar la territorialización de las economías reforzando las escalas de proximidad y reduciendo la necesidad de materias primas y energía. Ser pacifista hoy es defender las energías renovables, el hidrógeno verde y la agroecología. Ser pacifista hoy es ser feminista, defender políticas que rompan la brecha económica de género, que protejan la libertad sexual de las mujeres y que obliguen a respetar y aumentar los derechos de las personas trans. Ser pacifista hoy significa defender el derecho de los pueblos culturales y políticos a decidir su destino. Ser pacifista hoy significa defender las alianzas federales entre pueblos.

Y, sobre todo, hoy, ser pacifista desde Andalucía es ser anti imperialista y pedir al gobierno andaluz y al gobierno del estado que trabajen para eliminar todo rastro de bases militares estadounidenses en nuestro territorio y para salir de la OTAN. Además de ser una afrenta a nuestra soberanía, son un riesgo para el pueblo andaluz y para el resto de pueblos del estado, máxime ante las exigencias y chantajes del gobierno de los Estados Unidos.

La bandera verde y blanca vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Este 28 de febrero de 2025, hagamos honor anti imperialista al mensaje de nuestro himno.
——
Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista; Belén Bravo Rodríguez, Arquitecta, profesora de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la UGR.

La ordinalidad perjudica a Andalucía

Asociación Andalucía y Democracia con motivo del 4D de 2024

Para despegar económica, social y culturalmente, Andalucía necesita un nuevo andalucismo político que sea capaz de romper el modelo de financiación ideado por las élites del norte y de Madrid basado en la ordinalidad. Ese andalucismo sólo será posible con la implicación activa de la intelectualidad académica y cultural andaluza. Conviene recordarlo una vez más con motivo de la conmemoración del 4 de diciembre, Día Nacional de Andalucía, fecha en la que el pueblo andaluz se constituyó en las calles como actor político de primer orden.

Lo primero es hacer crecer el andalucismo como ideología de defensa de los intereses del pueblo andaluz. Para ello, hacemos un llamamiento a la intelectualidad andaluza, al mundo académico, a los referentes artísticos y culturales y al periodismo de raíz andaluza, para que se impliquen masivamente en la defensa de Andalucía. Es imprescindible cultivar la conciencia cultural y política del pueblo andaluz tal como hicieron sus antecesores en la transición.

Los debates de la izquierda andaluza basados en la mera unidad electoral no son productivos, como se ha demostrado sobradamente. El debate sobre unidad no ha tenido en cuenta los problemas reales que aquejan al pueblo andaluz y están basados sobre todo en intereses partidistas. Tampoco lo es creer que el nacionalismo andaluz solo puede ser representado por partidos o coaliciones de ámbito exclusivamente andaluz. La cuestión estratégica para la izquierda andaluza es pensar, abonar y hacer crecer el andalucismo para el siglo XXI.

En el mismo sentido, el debate del andalucismo no puede ser sobre si éste es auténtico o no si defiende un proyecto sin conexión orgánica con aspiración de estado o que marque sus límites en el territorio andaluz. La forma orgánica o electoral con la que se defiendan los intereses del pueblo andaluz es parte de la cuestión táctica y del debate interno sobre la organización de partidos, coaliciones o proyectos electorales. Nada tiene que ver con el trabajo analítico e ideológico que recupere la capacidad de autodefensa y reivindicación del pueblo andaluz.

La segunda necesidad es impulsar un consenso que defienda los intereses del pueblo andaluz contra el principio de ordinalidad. Los nacionalismos soberanistas, tanto de izquierdas como de derechas, buscan imponer el principio de ordinalidad, basado en las balanzas fiscales, en las aportaciones que hacen las comunidades autónomas al estado, dirigidas a la solidaridad interterritorial. El sistema pretende que una comunidad autónoma mantenga la misma posición en la inversión per cápita del estado que ocupa en el orden de recaudación de impuestos estatales. De este modo, las comunidades autónomas que son contribuyentes netas nunca quedarán por detrás de las que tienen menor recaudación.

Sabemos que la ordinalidad potenciará la desigualdad territorial y no abordará el verdadero problema del déficit de financiación de las comunidades autónomas, que no es otro que una estructura fiscal que favorece a las grandes empresas, a la banca y a las rentas altas. Es mentira que en España paga más quien más tiene. Como hemos dicho en textos anteriores, la inmensa mayoría de las grandes empresas, incluidas las del sector turístico junto con la banca, tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía. Más del 50% están en Madrid. Por lo tanto, Andalucía debe rechazar soberanismos desequilibradores que firman pactos contrarios a los intereses de Andalucía, fraguados entre las elites políticas madrileña, vasca o catalana, con el aval del bipartidismo.

Los impuestos se fijan en función de las rentas y de los beneficios empresariales y se pagan en los territorios donde las personas residen o las empresas tienen su sede social. Por lo tanto, la ordinalidad beneficia a los territorios donde se concentra la mayor parte de las empresas, por lo que es contraria a la solidaridad interterritorial y a la igualdad de derechos de las personas sea cual sea el territorio en el que residan. Tampoco tiene que ver con la necesidad de reducir las manifiestas desigualdades territoriales. La ordinalidad solo favorece a los ricos y perjudica a los pueblos del estado, independientemente de su grado de conciencia soberanista. La ordinalidad no es de izquierdas y beneficia sobremanera a Madrid.

Ese modelo hace que, como respuesta malintencionada, broten discursos anticatalanistas y antisoberanistas que aprovecha electoralmente la extrema derecha. Esto hace retroceder las posiciones del republicanismo plurinacional. Por eso, la izquierda andaluza está obligada a poner el andalucismo político en el frontispicio de su lucha y propugnar un pacto entre los pueblos basado en el republicanismo federal y plurinacional. Un pacto que profundice en la protección y desarrollo de todo tipo de derechos sociales, de género y de defensa del medio ambiente. La izquierda andaluza debe interponerse entre el “España nos roba” y el “a por ellos”.

La realidad política andaluza está marcada también por la pervivencia del bipartidismo y por la incapacidad del andalucismo político, cuya desorientación ideológica ha contribuido a impedir el crecimiento de la conciencia política del pueblo andaluz. Eso ocurre pese a los logros históricos del 28 de febrero de 1980, resultado a su vez de las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977.

Para el crecimiento de la conciencia andalucista es precisa la implicación de la intelectualidad académica y cultural andaluza en el análisis, proyección y divulgación de las causas históricas y coyunturales que sostienen la desigualdad de Andalucía respecto de los territorios más ricos del estado, como son Madrid, Euskadi, Navarra o Cataluña. Es preciso alimentar la decencia intelectual para romper la dependencia del centralismo de estado y madrileño, con su actuación extractiva de capital ambiental, humano, cultural y económico andaluz.

En este movimiento de decencia intelectual deben participar, como decíamos al principio, la intelectualidad, la producción académica universitaria, los profesionales de la enseñanza, los medios de comunicación, el periodismo, los artistas y, claro que sí, el mundo empresarial arraigado en Andalucía que no quiera ser eternamente subalterno del capitalismo centralista ni del capitalismo usurero global. Esto último es imprescindible para que despegue un modelo productivo propio, que reduzca la dependencia de Andalucía de sectores tan insostenibles como son el turismo de masas, la construcción de segundas residencias o la agricultura intensiva.

——

Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista; Belén Bravo Rodríguez, Arquitecta, profesora de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la UGR.

Andalucismo y feminismo

Asociación Andalucía y Democracia con motivo del 28F de 2024

Tres desigualdades atenazan al pueblo andaluz y nos impiden avanzar: la desigualdad de clase, la desigualdad de género y la desigualdad territorial. Sostienen esa tenaza las manos del capitalismo neoliberal, el machismo trasnochado y las elites de los territorios más ricos. Enarbolamos contra ellas el sentimiento de clase, el feminismo y el pacto entre los pueblos. Las tres principales fuerzas transformadoras, unidas en una misma dirección serán las que levanten las barreras que impiden el desarrollo de una Andalucía más libre e igualitaria.  

El patriarcado es el instrumento que el capital usa para apropiarse del tiempo y de los cuerpos de las mujeres para sostener los cuidados de los mayores, los niños, las personas enfermas y dependientes, sostener la vida. Desprecia el valor del trabajo no remunerado de las mujeres. Frente a eso, la lucha contra la desigualdad no se basa en tratar igual a los iguales, sino en tratar diferente a los desiguales. Y las mujeres son hoy las que soportan el mayor peso de la desigualdad.

Según la Encuesta de Estructura Salarial de 2021 del Instituto Nacional de Estadística -la última disponible-, el salario medio en Andalucía es un 10,6% inferior al salario medio en España. Si nos fijamos en el salario medio de las mujeres en Andalucía, es un 11,9% inferior a la media salarial de las mujeres en España, y un 21,1% inferior al salario medio de hombres y mujeres en España.

Del mismo modo, según el INE, la tasa de paro a finales de 2023 en España era de 11,76%, en tanto en Andalucía era del 17,60%, casi seis puntos más. Comparando la tasa de paro de las mujeres andaluzas en el mismo momento, 20,68%, es casi nueve puntos superior a la estatal y más de siete puntos superior a la de los hombres en Andalucía.

Según datos recientemente publicados por el Ministerio de Trabajo, de las 2.437.100 personas perceptoras del SMI en España, 510.500 se encuentran en Andalucía. Un 20,9% del total, pese a que Andalucía representa el 17,8% de la población española. Si tenemos en cuenta que dos de cada tres personas que cobran el SMI son mujeres y una de cada tres es trabajadora agrícola, podemos afirmar que el mayor porcentaje per cápita de perceptoras del SMI se encuentra en Andalucía. Otro factor que explica que Andalucía esté entre las comunidades con salarios más bajos y que esto afecte particularmente a las mujeres.

Si analizamos la tasa AROPE (año 2022) que mide la pobreza, elaborada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, basada en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, por comunidades autónomas y género, el panorama no es menos elocuente. La tasa AROPE para España es del 26%, un 24,8% para hombres y un 27,2% para mujeres. En Andalucía es de un 35,8%, un 9,8% superior a la española y de las más altas del estado. Una sencilla extrapolación de los datos del estado nos lleva a estimar que en Andalucía el riesgo de pobreza es en la mujeres muy superior, lo sufren un 36,9% de hombres y un 40,5% de mujeres.

Podríamos analizar más datos comparativos, como la cuantía de las pensiones, la renta media per cápita,  el número de personas perceptoras de desempleo o subsidios, el vínculo entre PIB y pobreza, el número de barrios pobres, los municipios con mayor tasa de desempleo y, siempre, comprobaríamos que existe una amplificación de la desigualdad de genero en aquellos territorios, como Andalucía, en los que la desigualdad socioeconómica respecto de los territorios más ricos es estructural.

Las desigualdades territoriales consecuencia de estructuras de extracción y explotación de recursos naturales, humanos y ambientales no solo se dan entre estados coloniales y estados colonizados. También se dan entre regiones y naciones de un mismo estado. Cuando las elites políticas y empresariales de las regiones peor situadas sirven como subalternas de otras regiones, en las que se asienta el poder político centralista y los despachos de poder del capital, podemos hablar de la existencia de colonias interiores. Es, como hemos advertido en textos anteriores, el caso de Andalucía dentro del estado español.

La función de Andalucía como colonia interna y el patriarcado se retroalimentan dañando más la vida de las mujeres, especialmente la de las mujeres andaluzas y más gravemente las migrantes que, como afirma el feminismo interseccional, sufren doble discriminación por ser mujeres y por ser migrantes. Existe un vínculo entre las desigualdades de clase, de género y de territorio. Dicho de otro modo, la desigualdad entre territorios del estado es causa de mayores desigualdades de clase y de género en los territorios con peores indicadores, como es el caso de Andalucía.

En Andalucía las desigualdades sociales y de género son amplificadas con la condena a la desindustrialización, la emigración, la concentración de la actividad productiva en la agricultura, el turismo, la construcción, o la explotación de sus recursos y mercados por grandes empresas con domicilio social fuera de nuestro territorio, imputando consiguientemente sus beneficios en el exterior de Andalucía. Por eso, sin las políticas industriales y de desarrollo productivo a las que tenemos el mismo derecho que otras regiones o naciones como Madrid, Euskadi o Cataluña, sin financiación autonómica y soberanía fiscal justa, la desigualdad estructural de Andalucía será persistente e irá a más.

Si el centralismo es el modo en que el capital reduce la complejidad de sus relaciones con las sociedades, la forma en que el neoliberalismo impone sus políticas económicas destructoras de derechos y servicios públicos, reduciendo el estado a un ente represor y judicial, es la descentralización federal/confederal la que alberga en su naturaleza la posibilidad de que los pueblos dispongan de soberanía para defender sus intereses ante la destrucción de la vida que el capital impulsa. 

El feminismo como principal fuerza de transformación social, con el andalucismo y las demás fuerzas cívicas y civilizatorias, debe exigir la ruptura de la desigualdad socioeconómica estructural que aflige a Andalucía y la somete al capricho de otros territorios del estado. El modelo debe ir hacia un estado federal/confederal fruto de un pacto entre pueblos en lugar de un pacto entre elites.

Este 28 de febrero de 2024, Día de Andalucía, todos los agentes sociales -sindicatos, asociaciones, entidades empresariales y agrarias con raíz en Andalucía, toda la sociedad civil organizada-, el mundo de la enseñanza, la sanidad, la investigación, la cultura deben exigir del gobierno andaluz y del gobierno del estado planes e inversiones para desconcentrar la actividad productiva y distribuirla por todos los territorios. Con Andalucía en un papel fundamental. No bastan los cuidados paliativos, hace falta la medicina que cure la enfermedad.

——

Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada

Por un pacto plurinacional entre los pueblos de España

La defensa de la democracia hoy debe basarse en la defensa de los intereses de clase, la igualdad de género, las condiciones de la vida y la vida humana en el planeta y las soberanías territoriales. La izquierda tiene la obligación de interiorizar que no solo existe explotación de clase. Existe también una sangrante explotación de género, de la naturaleza y de unos pueblos por otros. Las guerras de Ucrania y el genocidio en Palestina hacen saltar por los aires no sólo vidas humanas, sino también la esperanza de una vida mejor y dispara el malestar social. Malestar que es el caldo de cultivo para el avance de posiciones neofascistas. Contra eso no cabe la moderación ideológica, discursiva o propositiva.

Por otro lado, igual que existe un vínculo entre centralismo, concentración de poder y posiciones conservadoras y reaccionarias, también lo hay entre el federalismo y los derechos de clase, de género, ambientales y territoriales. Al capital, a los capitalistas, le interesa simplificar y reducir el número de sus interlocuciones. Por eso trabaja para recortar las soberanías de las distintas comunidades políticas. La respuesta a la concentración de poder para la defensa de la democracia debe venir de la distribución cooperativa del poder.

La derrota del bloque reaccionario en las elecciones generales del 23 de julio de este mismo año, ha sorprendido a derecha e izquierda. El feminismo ha sido determinante. Solo la consolidación del feminismo interseccional y de clase, como principal baluarte político de la democracia y la solidez de posiciones soberanistas en territorios como Euskadi y Cataluña, han impedido la irrupción de la ultraderecha en el gobierno de España.

La apuesta del nuevo gobierno de España está atravesada desde el origen por la imperiosa necesidad del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, de pactar con Junts per Cat, el partido de Carles Puigdemont, para mantenerse en el gobierno de España. Esa necesidad también era sentida por la alta burguesía catalana con vistas a recuperar una agenda de negociación. La ley de amnistía era la condición para el pacto de investidura.

Lograda la investidura, puede aventurarse que la agenda social, feminista y ecologista del gobierno perderá intensidad y quedará relegada a un segundo plano. En el centro de la legislatura estarán las cuestiones territoriales y las relacionadas con la calidad de la democracia en España. Los dos frentes del gobierno de España, condicionado por su dependencia de los partidos vascos y catalanes, chocan fuertemente con el bloque reaccionario afincado en Madrid cuyo liderazgo ideológico es “trumpista”. El gran ejército del bloque reaccionario lo forman dos divisiones acorazadas, la judicatura y los medios de comunicación.

En este escenario, el gobierno de Pedro Sánchez no va a poder mantener sus posiciones de comprensión y apoyo al régimen del 78. Lo intentará, aunque de facto haya sido ya expulsado del consenso de la transición por el bloque reaccionario que se manifiesta en la puerta de sus sedes, arengado por la derecha y la ultra derecha. Por su parte, las burguesías vasca y catalana están estableciendo una alianza cooperativa para sostener el gobierno de Pedro Sánchez a cambio de inversiones del estado, competencias estatutarias, y financiación privilegiada.

En esa situación, Andalucía no tendrá futuro. Lo mismo da que se sume al pacto entre elites que promueven las burguesías vasca y catalana con los poderes económicos del estado, como sí se deja llevar por el bloque reaccionario a un nuevo “a por ellos” liderado por Feijóo, Ayuso y Abascal, con Moreno Bonilla como ariete del sur. Aun no siendo iguales las dos opciones, el pacto entre elites y la concentración de poder reaccionario en Madrid, ambas conducen al incremento de la desigualdad ínter e intra territorial.

Andalucía no se hará ningún favor a sí misma si se deja llevar por el anticatalanismo. El “a por ellos” es una trampa mortal para los intereses de Andalucía. Por ese camino se sigue en la dependencia colonial de los poderes políticos, mediáticos y económicos radicados en Madrid. De otro lado, si se deja ningunear por las elites vasca y catalana, quedará atrapada en la desigualdad social y económica. Ahí sólo existe un puesto al final de la cola en los índices de desarrollo de las comunidades autónomas, como ya describimos en el anterior texto colectivo Andalucía es una nación en la España plurinacional.

Por todo lo anterior, la conclusión es que el andalucismo es la única ideología política que defiende los intereses del pueblo andaluz. La asociación Andalucía y Democracia mantiene en este texto colectivo, con motivo de la conmemoración de los cuarenta y seis años del 4 de diciembre de 1977, la necesidad de revitalizar el andalucismo político. Desde la Constitución Federal del Antequera de 1883, el andalucismo defiende los intereses de la clase trabajadora, los derechos de las mujeres y considera la naturaleza y los animales como objetivos de protección humanista.

En el actual contexto global, en el que el capitalismo en su fase neoliberal lucha a muerte contra la democracia, alimentando posiciones ultraderechistas, se hace imprescindible un andalucismo fuerte, que promueva en el estado español una salida republicana plurinacional mediante un pacto entre pueblos o comunidades políticas. La cuestión no es si la traducción partidista del andalucismo para el momento actual debe tener o no exclusiva obediencia andaluza; las dos posiciones son legítimas. La cuestión es determinar cómo defender los intereses del pueblo andaluz.

Los últimos datos del CENTRA (Fundación Centro de Estudios Andaluces) de febrero de 2021, señalan que el 68,5% de la ciudadanía andaluza se siente tan andaluza como española, el 13,4% más andaluza que española y un 10,5% más española que andaluza. Por otro lado, el CIS de febrero de 2020, señala que solo el 4,3% de las y los andaluces se sienten exclusivamente españoles, más de 19 puntos por debajo de comunidades como la Valenciana, 23,6 e incluso por debajo de comunidades como la vasca, 4,8% o la catalana 10,5%. Sin embargo, en la misma encuesta del CIS, Andalucía es, junto con Extremadura, la comunidad donde el sentimiento dual, tan andaluz como español es el más alto, el 78%. Estos datos describen el suelo sociológico en el que hay que plantar la semilla del andalucismo del siglo XXI y, consiguientemente, el sustrato que se ha de tener en cuenta para que el discurso andalucista crezca. Los datos son, consiguientemente coherentes con el carácter cultural mestizo de Andalucía.

Desde convicciones republicanas plurinacionales, abogamos por un pacto entre pueblos que acometa la supresión de la desigualdad territorial. Andalucía es la comunidad con mayor desigualdad y, a su vez, la que se identifica mayoritariamente con un proyecto de estado en común. Por consiguiente, queremos crear las condiciones políticas para que, en beneficio propio, Andalucía lance un proyecto de estado democrático, republicano y plurinacional que nos haga recuperar el peso político perdido en los últimos años como consecuencia del bipartidismo. Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada.

----------

Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Antonio Aguilera Nieves, economista; Raúl Solís Galván, periodista.

Andalucía es nación en la España plurinacional

Carta abierta al lehendakari Íñigo Urkullu

Señor Urkullu, con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada. Su artículo del pasado 31 de agosto en El País tiene el mérito de abrir el interesante proceso para un acuerdo territorial de largo alcance. Las propuestas del PNV son inteligentes, oportunas y de gran calado para el avance y la profundización democrática.

No obstante, nuestra crítica constructiva a la propuesta de Urkullu es dura y muy relevante para los intereses del pueblo andaluz. El lehendakari Urkullu sugiere explorar “un nuevo pacto utilizando la vía de la ´actualización de los derechos históricos`, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución”. 

Para el pueblo cultural y político andaluz, para nuestra institucionalidad política, el argumento de los derechos históricos no puede ser válido con la exclusión de Andalucía. La condición de nacionalidad histórica fue conquistada desde las calles el 4 de diciembre de 1977 y, en las urnas, el 28 de febrero de 1980, algo que no se le pidió a Galicia, Cataluña y Euskadi. Aquel referéndum del 28-F imponía condiciones muchísimo más duras que las exigidas a Quebec o Escocia en sus respectivos referéndums de independencia.

La línea de exclusión de Andalucía en la propuesta de Urkullu es dolorosamente expresa, aunque no explícita. El lehendakari otorga para su propuesta la condición de nacionalidades históricas exclusivamente a aquéllas reconocidas en la II República: Galicia, Cataluña y la propia Euskadi. Excluye u olvida que la nacionalidad histórica andaluza iba a ser reconocida en septiembre de 1936. Urkullu admite así el dictado del fascismo franquista para dejar a Andalucía fuera de su propuesta “neoconstituyente”.

Las nacionalidades otorgadas no pueden estar por encima de aquella que conquistó la misma condición política en las calles y en las urnas. Nos sorprende que el lehendakari apele a viejos fueros otorgados por los reyes de Castilla y a exclusiones impuestas por el franquismo. Pedir un avance soberanista en base a históricos servicios prestados a la monarquía es una legitimación de un régimen que deberíamos superar abriendo una vía republicana.

Añadimos que la “convención constitucional” que propone Urkullu ya tuvo un mal precedente en los llamados padres de la Constitución, que pretendieron relegar a Andalucía a autonomía de segunda categoría. La actual realidad del Estado de las Autonomías no es la que configura el Título VIII de la CE, sino el fruto del acuerdo de los partidos para frenar el impacto de Andalucía tras el 28-F de 1980 en el mapa autonómico, que pasó por amputar su Estatuto. También se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que generalizó las instituciones a los diversos trozos en los que se dividió Castilla, provincias diversas y ciudades autónomas para rebajar el calado de una España con 4 nacionalidades que hubieran sumado la mitad de su población. El origen andaluz de la mutación constitucional de 1981, con Manuel Clavero Arévalo como oficiante del café para todos, obliga a Andalucía a estar dentro de cualquier nueva propuesta de avance plurinacional para garantizar su buen fin e impedir su tergiversación posterior.

Al PNV le interesa la profundización democrática en España, cierto que para remover los obstáculos para sus demandas soberanistas, pero no menos cierto que para reformar un estado federal/confederal, cuya unidad no va a poner en cuestión en el contexto geopolítico global y europeo que vivimos, a cuyo modelo territorial le crujen los pilares y las vigas maestras, debido a la continua y persistente deriva centralista y centralizadora, bajo las interpretaciones restrictivas de la CE, en particular de su título VIII, tanto por los dos partidos de régimen, PSOE y PP, como por las altos tribunales judiciales y el propio Tribunal Constitucional.

El Partido Nacionalista Vasco ha puesto sobre la mesa elementos de negociación para decidir su voto en la posible investidura para esta XV legislatura que apuntan con decisión hacia la profundización y la transparencia democrática. Utilizará su fuerza parlamentaria para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, modificar la ley de secretos oficiales para disminuir el tiempo de ocultación de determinadas acciones de Estado, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando ejerza como jefe del Estado de acuerdo con la CE, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias de su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus.

Reconocemos como legítima la aspiración a la negociación bilateral efectiva de las naciones de la España plurinacional con el Estado. Sin embargo, la bilateralidad en un estado plurinacional alberga una contradicción en su seno, pues si se reconoce que hay un estado llamado España, que contiene pueblos con aspiración a tener su propio estado, cualquier punto de acuerdo bilateral afecta a las otras bilateralidades. Es indiscutible que las comunidades con reconocimiento constitucional de sus derechos forales, Euskadi y Navarra, con sus exclusivos conciertos económicos, son las que tienen mejores indicadores sociales y económicos. Consiguientemente, cualquier negociación para avanzar requiere imprescindiblemente de la plurilateralidad, en la que Andalucía, el pueblo andaluz, deviene imprescindible por sí y por el resultado óptimo.

Andalucía no puede, no se va a dejar, seguir siendo la pagafantas de los acuerdos bilaterales financieros, fiscales, de reindustrialización o de cualquier otro tipo entre clases dominantes de los distintos territorios. Y no lo va a ser porque amparan y crean las condiciones para la desigualdad territorial y de clase. Andalucía no lo va a permitir.

Los datos en este sentido son tozudos. La desigualdad es el resultado del dominio político y económico centralista, principalmente de raíz madrileña, que mantiene, conserva y hace crecer las causas estructurales del sometimiento de Andalucía. Andalucía y Democracia lo ha expuesto en textos colectivos anteriores que se pueden encontrar en este enlace https://andaluciaydemocracia.blogspot.com, y explícitamente en un reciente texto con el título 28F de 2023, Andalucía colonia interior, que proponemos releer. Los datos demuestran que, independientemente de las mejoras objetivas en la calidad de vida en Andalucía desde la transición hasta la actualidad, como en el resto de autonomías, la desigualdad comparada con el resto de territorios ha aumentado.

Advertimos que sin Andalucía no será posible dar naturaleza constitucional al estado plurinacional. Andalucía es el pueblo cultural e histórico que tiene más necesidad de soberanía. Por población y tamaño, Andalucía podría ser la décimo sexta nación de la Unión Europea. El funcionamiento de Andalucía como colonia interior de otros territorios de España, fundamentalmente Madrid, se manifiesta en la economía extractiva a la que nos ha condenado la evolución centralista del modelo bipartidista surgido de la CE del 1978. 

El extractivismo colonial se manifiesta en el frente ambiental, que relega a Andalucía al papel de almacén de residuos, minería e industria contaminante, al turismo intensivo en manos de operadores ajenos a nuestra tierra, a la ocupación del territorio para el urbanismo de segundas residencias, a la destrucción y gentrificación de los núcleos urbanos e históricos y a la agricultura antiecológica. Todo ello con el consiguiente expolio de recursos hídricos, escasísimos en tiempos de cambio climático con consecuencias catastróficas claras.

Pero no solo. El extractivismo colonial se manifiesta también en la ausencia de sedes sociales de grandes empresas, en la emigración permanente de mano de obra cualificada (capital humano) produciendo en las familias duras fracturas emocionales. Se manifiesta en la práctica entrega de la banca andaluza y sus cajas de ahorros a entidades que tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía. Hay un sangrante extractivismo cultural que nos expolia la identidad para usarla como símbolo de España ante el mundo (el flamenco a la cabeza), despreciando internamente los acentos y las raíces mestizas del territorio (Al-Andalus) en que se dio el primer renacimiento europeo. 

Todo ello agravado en los últimos años por el contexto europeo de dominio neoliberal y por las posiciones belicistas en la Unión Europea y de los partidos del régimen, PP y PSOE. En coherencia con lo que ocurre con otros pueblos colonizados, nuestra condición de subalternidad da argumentos a las posiciones centralistas o “bilateralistas” para acusar a Andalucía de comunidad subvencionada y receptora de miserables subsidios para la supervivencia de las clases más desfavorecidas.

En esta legislatura se va a hacer visible la confrontación política entre dos bloques. Uno reaccionario de raíz franquista formado por el Partido Popular y Vox, bajo el amparo del rey Felipe VI. Lo hemos visto al señalar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como primer candidato a la investidura tras las elecciones generales del 23 de julio. El bloque reaccionario se autodenomina constitucionalista, aunque son centralistas y monárquicos. El bloque democrático vendría a estar formado por los que defienden la plurinacionalidad del Estado y se sitúan en el campo feminista y de los derechos sociales y ambientales. El PSOE no tiene más remedio que situarse en el bloque progresista. No obstante, como en la legislatura anterior, lo hará agarrado al freno de mano.

Ante todo lo anterior, aventuramos que un pacto para la “actualización de los derechos históricos” que excluya a Andalucía provocará una reacción emocional contraria y activará el sentimiento andalucista. Sentimiento sometido en las últimas décadas gracias a la ingestión de somníferos administrados por el PP y el PSOE. El bloque reaccionario utilizará a Andalucía -ya lo está haciendo- para una supuesta “defensa de la igualdad entre todos los españoles”. En realidad, lo que busca es obstruir cualquier proceso legítimo de emancipación territorial, aunque sea a costa de  enfrentarnos -como hicieron con el “a por ellos”- a pueblos que legítimamente demandan soberanía.

Aviso para navegantes: sin el pueblo andaluz no será posible el proceso de “neoconstitucionalización” demandado por Urkullu. Sólo será viable con Andalucía y bajo la premisa de una plurinacionalidad que beneficie a todos los pueblos de España, se sientan nación o no. El pueblo andaluz no va a consentir quedar relegado a segunda categoría. Por eso es clave que Urkullu y todos los que le acompañen se abran a reconocer que, por derecho propio, Andalucía es una nación en la España plurinacional. Como la que más.

------

Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Raúl Solís Galván, periodista.